Irlanda: “no” al referéndum para modificar la Constitución

La Constitución irlandesa, diseñada para sustituir la que había estado en vigor desde la separación del Estado de Irlanda del Reino Unido en 1922, fue redactada por Eamon de Valera, primer ministro, que ocupó el cargo tres veces entre 1932 y 1959, antes de fungir como presidente de 1959 a 1973.

Considerada una constitución modelo, fue aprobada por un referéndum en julio de 1937 y entró en vigor en diciembre de 1937. Es esta Constitución la que el primer ministro Leo Varadkar, en el cargo desde diciembre de 2022 –y que salió del clóset en 2015– quiso modificar en 2 puntos.

Los artículos de la Constitución afectados por la modificación

El artículo 41-1-1 dispone que “El Estado reconoce a la familia como el grupo natural, primario y fundamental de la sociedad, y como institución moral poseedora de derechos inalienables e imprescriptibles, anteriores y superiores al derecho positivo” y el 41-3-1: "El Estado se compromete a prestar especial atención a la institución del matrimonio en que se funda la familia y a protegerlo contra todos los ataques".

El artículo 41-2 de la Constitución contiene dos pasajes destinados a proteger a las mujeres, pasajes denunciados por los movimientos feministas como “patriarcales”, “arcaicos” y “sexistas”. Estos mismos grupos cuestionan fuertemente la mención del papel que desempeñan las “amas de casa” en la sociedad.

El artículo 41-2 se compone así de dos párrafos: "1- En particular, el Estado reconoce que, a través de su vida en el hogar, la mujer proporciona al Estado un apoyo sin el cual no puede realizarse el bien común". "2- El Estado, por tanto, se esfuerza por garantizar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a trabajar descuidando los deberes de su hogar".

Las enmiendas propuestas

La 39 enmienda o "La Enmienda de la Familia", propone insertar una frase en el artículo 41-1-1: "El Estado reconoce a la familia, ya sea fundada en el matrimonio o en otra forma de relación duradera, como el elemento natural, primario y grupo fundamental de la Sociedad, y como institución moral poseedora de derechos inalienables e imprescriptibles, anteriores y superiores al derecho positivo".

La enmienda suprime también parte de la frase del artículo 41-3-1: "El Estado se compromete a prestar especial atención a la institución del matrimonio en la que se funda la familia y a protegerlo contra todos los ataques".

La 40 Enmienda, o "The Care Amendment", propone sustituir los dos párrafos del Artículo 41-2 por el texto siguiente, que pasaría a ser el Artículo 42B, mientras que los Artículos 41-3 y 41-4 pasarían a ser los nuevos artículos 41-2 y 41-3:

"El Estado reconoce que la asistencia que los miembros de la familia se prestan entre sí debido a los vínculos que existen entre ellos proporciona al Estado un apoyo sin el cual no se podría alcanzar el bien común, y se esfuerza por apoyar esta ayuda".

Las enmiendas rechazadas por el pueblo

A pesar del apoyo del gobierno, ambas enmiendas fueron rechazadas por el pueblo durante el referéndum del 8 de marzo. Con una participación del 44.36%, la 39 enmienda fue rechazada por un 67.69%. En cuanto a la 40, fue rechazada, por la misma participación, con un 73.93% “en contra”.

De las 39 circunscripciones del país, solo una votó “a favor” de la Primera Enmienda propuesta. Y la segunda fue rechazada en todos los distritos electorales de Irlanda, por el mayor porcentaje de votos “en contra” para un referéndum constitucional.

Los obispos católicos de Irlanda aconsejaron a los fieles votar en contra de ambas enmiendas. En una declaración leída durante las misas del domingo 25 de febrero, afirmaron que la enmienda sobre la familia probablemente debilitaría el incentivo para que los jóvenes se casen, y la segunda enmienda sobre los cuidados aboliría cualquier referencia a la maternidad en la Constitución.

Un voto gratificante para la sociedad irlandesa. Sin embargo, cabe recordar que Irlanda, un país de 5.3 millones de habitantes, legalizó el "matrimonio" homosexual en 2015, y el aborto en 2018, para una población que se declara católica en un 58.3%.