El cardenal Becciu será juzgado por el Tribunal de la Ciudad del Vaticano

Julio 07, 2021
Origen: fsspx.news
En el centro, Giueseppe Pignatone, presidente del Tribunal de la Ciudad del Vaticano

En dos largos artículos, el sitio de noticias Vatican News anunció el juicio de las personas sospechosas de un fraude financiero que ha ocupado regularmente los titulares de las noticias desde hace dos años y que concierne a un edificio de Londres. Con la investigación preliminar completada, la primera audiencia se llevará a cabo el 27 de julio.

Los antecedentes del caso

El caso, que comenzó en 2013, se refiere a un edificio ubicado en Sloane Avenue en el distrito de Chelsea de Londres. Un fondo luxemburgués se utilizó para adquirir una participación en este edificio de 17,000 m2 transformado en apartamentos de lujo. En ese momento, el secretario de estado invirtió 200 millones de dólares en el fondo Athena Capital Global Opportunities de Raffaele Mincione.

En 2018, debido a ciertas irregularidades en la gestión, el Vaticano decidió recomprar el edificio, con pérdidas considerables evaporadas en los canales intermedios. Según algunas fuentes, la suma asciende a varios cientos de millones de euros.

Esta compra se llevó a cabo por un intermediario financiero, Gianluigi Torzi, quien llegó a un acuerdo con Raffaele Mincione. Otros dos personajes intervinieron: Enrico Crasso y Fabrizio Tirabassi, quienes se sirvieron de complicidades internas en el Vaticano para llevar a cabo una operación fraudulenta.

La Secretaría de Estado tuvo que pagar 15 millones de euros adicionales para obtener finalmente el control del edificio.

La Autoridad de Información Financiera (AIF, que desde entonces se ha convertido en AISF) también está en el punto de mira porque se cree que tuvo conocimiento de las anomalías a tiempo y no tomó las decisiones necesarias.

El cardenal Angelo Becciu, exsustituto de la Secretaría de Estado, está acusado de diversas injerencias para encubrir las irregularidades.

También está involucrado en los pagos efectuados por la Secretaría de Estado a la empresa de Cecilia Marogna por un importe de 575,000 euros. La investigación reveló que estas sumas "se utilizaron, casi en su totalidad, para hacer compras incompatibles y, por tanto, no justificables con el objeto social de esta empresa".

Finalmente, se le acusa de haber financiado la cooperativa de su hermano Antonino con 600,000 euros procedentes de la Conferencia Episcopal de Italia y 225,000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado.

Los acusados

El presidente del Tribunal de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone, ordenó la imputación de diez personas a petición del Promotor de Justicia. Estos serán juzgados de la siguiente manera:

René Brülhart, expresidente de la AIF; Monseñor Mauro Carlino, exsecretario del sustituto de la Secretaría de Estado; Enrico Crasso, gerente de inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas; Tommaso Di Ruzza, exdirector de la AIF; Cecilia Marogna, quien recibió considerables sumas de la Secretaría de Estado por realizar actividades de inteligencia; Raffaele Mincione; Nicola Squillace, abogada involucrada en las negociaciones; Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado; Gianluigi Torzi, intermediario financiero.

Finalmente, el cardenal Angelo Becciu, quien se declaró "víctima de una conspiración", agregó que "se acerca el momento de las aclaraciones y el Tribunal podrá constatar que las acusaciones son absolutamente falsas".

René Brülhart, por su parte, señaló que "el caso es un vicio de procedimiento" que se aclarará, y manifestó que siempre ha ejercido sus funciones y deberes "con corrección, lealtad y en el interés exclusivo de la Santa Sede y de los órganos que la representan".

Teniendo en cuenta las 500 páginas extraídas de la moción del tribunal publicadas por el Vaticano, resumidas en dos artículos muy detallados de Vatican News, parece que la Santa Sede quiere hacer de este juicio un escaparate de su nueva transparencia financiera, y así mostrar que las recientes críticas efectuadas por Moneyval, especialmente la que señala que "las investigaciones son demasiado largas, sus resultados, limitados, y al final no hay una disuasión real", son cosa del pasado.