El caso Vincent Lambert: el otro nombre de la eutanasia (2)

Julio 11, 2019
Origen: fsspx.news

El gobierno francés presentó una apelación contra la decisión del Tribunal de Apelaciones de París que ordenó la reanudación de alimentos e hidratación para Vincent Lambert. Después de haber considerado el aspecto médico de esta decisión (en la parte 1 de esta serie de artículos), consideraremos el aspecto legal que subyace detrás de todo este asunto.

¿Mediante qué ley puede un médico actualmente tomar la decisión de suspender la alimentación e hidratación a un paciente en Francia? Es necesario hacer un análisis detallado, por un lado, para comprender las múltiples ambigüedades contenidas en los textos y, por el otro, para medir su oposición a la ley natural.

Una nueva situación: la resucitación

El progreso técnico de la reanimación plantea cuestiones difíciles. Los médicos se preguntan sobre el sentido de estos tratamientos; sobre la cantidad de tiempo que hay que darles si el estado del paciente no parece mejorar; si deben acceder a las solicitudes de la familia para que se detenga esta reanimación. Finalmente, la cuestión de la muerte eventual de algunos pacientes resucitados (muerte “cerebral”) también sale a relucir insistentemente. Estos tres problemas fueron presentados al papa Pío XII por los reanimadores, y él los respondió en su discurso del 24 de noviembre de 1957. En un artículo posterior, consideraremos las respuestas del pastor angélico que aclararon perfectamente el problema.

En la década de 1970, surgieron varios debates en torno a los límites de la resucitación, en contra de lo que ya estaba estigmatizado como un "tratamiento extraordinario"; sobre la participación del paciente en las decisiones médicas, especialmente en situaciones al final de la vida; sobre la intervención familiar; sobre el sufrimiento que debe tenerse en cuenta; todo esto llevó al desarrollo de los cuidados paliativos; y finalmente, sobre la cuestión de la eutanasia.

En los Estados Unidos sucedió un caso dramático que fue sacado totalmente de proporción por los promotores de la eutanasia. Karen Ann Quinlan cayó en coma en abril de 1975 a los 21 años, por consecuencia de la ingestión de alcohol y barbitúricos. Luego de haber sufrido lesiones irreversibles en el cerebro fue colocada en un respirador. Al cabo de dos meses, sus padres solicitaron que se detuviera esta reanimación, lo cual era legal. Durante todo un año tuvo lugar una batalla legal, que finalmente culminó en la ejecución de la solicitud de los padres. Pero contra toda expectativa, cuando fue quitada del respirador, la joven sorprendió al mundo porque continuó respirando de forma no asistida, alimentando la remota posibilidad de recuperación, siendo alimentada artificialmente por nueve años más.

Esa fue la época en que comenzó a prepararse la ley que conduciría a la eutanasia en los Países Bajos: el Tribunal Supremo de ese país emitió una serie de sentencias creando una jurisprudencia que despenalizó la eutanasia. A partir de ese momento, hubo una relajación en la ley con respecto a los médicos que administran la muerte a pacientes conscientes, en estado terminal, que experimentaran dolor insoportable y que hubieran hecho la solicitud. Cabe destacar que la primera proposición de la ley "relativa al derecho a la dignidad terapéutica del paciente incurable" (1985) mencionaba el caso de Karen Quinlan.

Los antecedentes de la Ley Léonetti en Francia

La primera persona en Francia que presentó una propuesta de ley en esta área fue el senador Henri Caillavet, en 1978: "legislación sobre el derecho a vivir la muerte", una expresión incongruente, por decir lo menos. Su preámbulo hace referencia al caso de Karen Quinlan. El senador, un alto dignatario del Gran Oriente de Francia1, no dudó en citar al Padre Riquet, al Padre Teilhard de Chardin, o incluso a Pío XII en su presentación...

En ese entonces el proyecto fue criticado severamente por el informe del senador Jean-Marie Girault, que explicaba que la legislación en este campo no es recomendable en lo absoluto. El senador Girault escribe: "Contra el ensañamiento terapéutico, la obstinación legislativa no es el remedio, suponiendo que el paciente, que es su objeto, quiera escapar de él".

Y añade: "Una ley aprobada debido a la ambigüedad de ciertos términos, suele dar lugar a múltiples dificultades... La técnica legislativa en este caso es inapropiada, y es la naturaleza del tema lo que la vuelve inapropiada. El análisis intrínseco del texto lo ilustra muy bien: al crear definiciones, categorías y situaciones legales, multiplicamos los problemas en vez de resolverlos".

Finalmente, agrega que “esta relación social suprema: muerte, médico, familia, la última para la persona que va a morir, es específica. Demasiado específica para adaptarse a un legalismo multiplicado por eventuales decretos u órdenes de aplicación que se agreguen a la ley".

La Ley Léonetti

Las atinadas palabras del senador no fueron escuchadas. El 30 de noviembre de 2004, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, en primera lectura, la "Ley relativa a los derechos de los pacientes y el final de la vida". Es la única ley de la Quinta República aprobada unánimemente por los votos emitidos. Fue promulgada el 22 de abril de 2005.

La ley pretende fortalecer los derechos del paciente; prohibir la "obstinación irrazonable", otorgar derechos específicos a los pacientes al final de su vida: rechazar el tratamiento y un proceso "colegial" para pacientes inconscientes. Confiere una obligación al médico para hacer todo lo posible por aliviar el dolor. Finalmente, le da al paciente la oportunidad de expresar sus deseos de antemano en forma de directivas anticipadas o de nombrar a una persona de confianza para llevar a cabo sus últimos deseos en estas circunstancias.

Los principios absolutos invocados son el respeto por la dignidad de la persona y su calidad de vida.

Pero esta ley es muy ambigua, como lo enfatizó el Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE) en sus Observaciones para la Atención del Consejo de Estado del 5 de mayo de 2014. Especialmente el artículo L1110-5 del código de salud pública, como fue modificado por la ley:

“Los actos de prevención, investigación o tratamiento no deben continuarse con una obstinación irrazonable. Cuando parecen inútiles, desproporcionados o no tienen más efecto que la preservación artificial de la vida, pueden ser retenidos o retirados". La Ley Claeys-Léonetti del 2 de febrero de 2016 agrega que "la nutrición e hidratación artificiales constituyen tratamientos que pueden ser detenidos de acuerdo con el primer párrafo de este artículo".

Una primera ambigüedad radica en el uso de los conceptos "obstinación irrazonable" y "mantenimiento artificial de la vida". La ley los aplica en situaciones extremadamente diferentes: 

- paciente en fase terminal por una afección grave e incurable, o al final de la vida;

- paciente en fase avanzada de dicha enfermedad, sea o no capaz de expresar su voluntad en ambos casos.

La ley confunde, en mayor o menor medida, los términos "cuidado ordinario" y "tratamientos". Por definición, el primero no debe interrumpirse, por respeto a la dignidad del paciente, mientras que el último puede suspenderse o no implementarse.

El caso particular de la nutrición y la hidratación es característico: la primera preocupación debe ser la atención médica humana. Para evitar esta interpretación, la Ley Claeys-Léonetti (2016) ha agregado un párrafo especial para describirlos como tratamientos. Por lo tanto, conduce a este absurdo: está prohibido suspender el cuidado paliativo, para ayudar al paciente con sus necesidades corporales básicas, ¡pero está permitido suspender la alimentación e hidratación!

Otra ambigüedad radica en aquello que los términos "inútil" y "desproporcionada" significan para el tratamiento. El significado no es el mismo para el legislador que para el médico. Para la ley, un tratamiento es inútil cuando no mejora el estado de salud, y desproporcionado en relación con los riesgos incurridos por el paciente. Pero para un médico, esto significa que el tratamiento no cumple con la buena práctica médica. ¿Qué médico digno de ese nombre usaría tratamientos que sabe que son inútiles o que implican riesgos desproporcionados con el beneficio esperado?

En cuanto al “mantenimiento artificial de la vida”, ¿qué significa? ¿La insulina administrada por un diabético, o la diálisis renal, que durará toda la vida, son mantenimientos "artificiales"? Si una persona se encuentra al final de su vida, la noción de mantenimiento artificial puede adquirir cierto sentido: suspender una terapia reconoce la impotencia de la medicina y permite que el paciente muera naturalmente. Por otro lado, eliminar este elemento "artificial" es decidir sobre la muerte de un paciente. 

Además, ¿cuándo se vuelve "irrazonable" una obstinación? Una conducta médica razonable implica el conocimiento de la terapia médica y la apreciación práctica de las circunstancias para cualquier paciente. Pero ¿cómo se puede distinguir lo que es razonable de lo que no lo es, cuando esta decisión es irreversible: el cese de los tratamientos que mantienen viva a una persona que no está al final de la vida? ¿Cómo es posible que la atención que la ley exige sea proporcionada a la persona dependiente en nombre de la dignidad de la persona y la calidad de vida, excluya la nutrición? Sin embargo, eso es afirmado como un derecho fundamental por la Declaración Universal de los Derechos Humanos...

Finalmente, una última ambigüedad se esconde bajo la decisión colegiada (Artículo R. 4127-37 del Código de Salud Pública). Se especifica que, si el paciente está inconsciente y al final de su vida, el médico puede tomar una decisión de tratamiento únicamente después de consultar el testamento vital, en caso de que exista, o después de recibir el consejo de la persona de confianza designada por el paciente y, en su defecto, de la familia, todo esto implementando un procedimiento colegiado. El término da la impresión de que la decisión será tomada por muchas personas, pero es un error: es la consulta la que es colegiada, pero solo el médico toma la decisión.

Conclusión

Si se practicó la obstinación legal en contra de Vincent Lambert, fue debido a la desastrosa ley "relativa a los derechos de los pacientes y el final de la vida". Su mismo título anuncia que no puede aplicarse a los 1,500 o 1,700 pacientes que están en un estado de vigilia sin respuesta o en un estado de conciencia mínima, porque no están en la etapa final de la vida.

Las múltiples ambigüedades que contiene permiten una interpretación elástica: un médico decide poner fin a los días de uno de sus pacientes suspendiendo su alimentación e hidratación, al amparo de la "ley" y de las jurisdicciones más altas del país.

La Ley Léonetti se ha convertido en un arma para promover la eutanasia al esconderse detrás de un espectáculo de pretensión. El legislador juzga el cese de la nutrición como eutanasia “pasiva”; en otras palabras, permitir que la naturaleza siga su curso; pero se opone a la eutanasia “activa”: infligir la muerte directamente inyectando una sustancia letal. Una oposición falsa que no engaña a nadie.

Si la ley se aplica hasta el final, el paciente morirá de hambre y sed, pero preservará su dignidad y su calidad de vida. Recibirá sedación y una analgesia, prescrita por la ley, por si acaso... Todo llevado a cabo de una manera silenciosa y ordenada. No cabe duda que el silencio mata.

  • 1. La más antigua de todas las Obediencias masónicas que existen en la actualidad en la Europa continental.