La tensión aumenta en el juicio Becciu

Mayo 04, 2022
Origen: fsspx.news
Tommaso Di Ruzza, exdirector de la AIF

Llamado al estrado, el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede testificó que el Papa Francisco le pidió que ayudara a la Secretaría de Estado a obtener el control total de la propiedad de Londres, tema central del juicio, poniendo una vez más al Papa y sus principales colaboradores en el punto de mira.

Tommaso Di Ruzza es una de las diez personas acusadas en el extenso juicio financiero del Vaticano, en el centro del cual se encuentra la inversión de 350 millones de euros de la Secretaría de Estado en una propiedad de lujo en Londres.

El promotor de justicia del Vaticano -el equivalente a un fiscal- sospecha que varios intermediarios y altos funcionarios del Vaticano estafaron a la Santa Sede millones de euros, en gran parte de donaciones de los fieles, y luego extorsionaron al Vaticano quince millones de euros para obtener control total de ciertos activos.

Por su parte, Tommaso Di Ruzza -exdirector de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano, o AIF, que ahora se ha convertido en ASIF- está acusado de abuso de poder por haber dado luz verde a la famosa transferencia de quince millones pagada a Gianluigi Torzi - intermediario de dudosa reputación- y por no haber alertado a la policía financiera del Vaticano sobre una operación más que sospechosa.

Llamado al estrado, el 27 de abril de 2022, el personaje central de la decimotercera audiencia del juicio Becciu fue cuestionado por Giuseppe Pignatone, el presidente del tribunal, y Alessandro Diddi, el promotor de justicia.

El exdirector de la AIF permaneció imperturbable. No, no tenía el poder de bloquear la transacción financiera: "Siempre he actuado dentro de las reglas y para proteger los intereses de la Santa Sede de acuerdo con el mandato que se me confió, y dentro de los límites de la información disponible", proclamó alto y claro Tommaso Di Ruzza.

Cuando Gianluca Perone, uno de los asistentes de los promotores de justicia, le preguntó al acusado por qué no presentó un informe ante la justicia financiera del Vaticano, respondió inmediatamente: "Permítame hacer una pregunta: ¿A quién debería haber denunciado? ¿Al sustituto de la Secretaría de Estado?" Porque Tommaso di Ruzza no pretende cargar con la culpa de los demás, aunque eso signifique poner en el punto de mira a los más altos funcionarios del Vaticano.

"En cuanto a los hechos abordados por el procedimiento, mis únicos interlocutores fueron Su Santidad el Papa Francisco, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y su sustituto, monseñor Edgar Pena Parra, los responsables del Instituto para las Obras de Religión (IOR), es decir, su presidente, Jean-Baptiste Douville de Franssu, y su director general, Gianfranco Mammi, así como René Brülhart", insistió, causando escalofríos en la sala del tribunal.

Al levantar la sesión, Giuseppe Pignatone fijó una cita con los magistrados, así como con los numerosos periodistas que cubren el evento, el 5 de mayo, para la segunda parte del interrogatorio del cardenal Angelo Maria Becciu.

Una decimocuarta audiencia que será igual de tensa: desde la natal Cerdeña del cardenal despojado de sus prerrogativas por el pontífice argentino, un grupo de sacerdotes firmó una carta abierta denunciando un reciente allanamiento policial en relación con el juicio, calificado de "absurdo" e "injustificado".

Y, por si fuera poco, Luigi Panella, el abogado de Enrico Crasso, uno de los acusados, estableció un paralelismo entre los métodos del juicio y "la Inquisición medieval"...