El Papa Francisco impuso como fecha límite el 1 de octubre de 2022 a todas las oficinas e instituciones vinculadas a la Santa Sede en Italia y en todo el mundo, para transferir sus activos al Instituto para las Obras de Religión (IOR), el órgano bancario del Vaticano. Esta decisión pretende evitar futuros escándalos financieros, como el que ha afectado a la Secretaría de Estado en los últimos años.
"Que en todo, haya un solo principio", escribe Aristóteles al final del Libro XII de su obra "Metafísica". Un adagio filosófico que ahora se aplica a las finanzas del Vaticano: a partir del 1 de octubre, el Instituto para las Obras de Religión se convertirá en el único responsable del dinero de la Santa Sede.
En concreto, la decisión adoptada por rescripto papal firmado al final de la audiencia del 23 de agosto de 2022 concedida al secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, prevé la transferencia de todos los valores, cuentas y fondos financieros depositados en bancos italianos o extranjeros.
El decreto del Papa Francisco es resultado de la decisión tomada a principios de año de confiar la gestión de todos los bienes del Vaticano a un solo organismo, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), con el objetivo de poner fin a décadas de mala gestión que culminaron en la cuestionable inversión de 350 millones de euros en una propiedad en Londres.
Un escándalo financiero por el que diez personas -entre ellas el cardenal Angelo Becciu, exsustituto de la Secretaría de Estado, quien recientemente se ha vuelto a congraciar con el romano pontífice- están siendo juzgadas actualmente ante el tribunal de la Santa Sede.
El IOR ha sido señalado en el pasado por su falta de transparencia y sus operaciones cuestionables, pero después de una década de esfuerzos por limpiar los Establos de Augías, el 'Banco del Vaticano' parece haber logrado deshacerse de su reputación como paraíso fiscal extraterritorial.
Luego de estos años de reformas, su lista de clientes se ha reducido a oficinas vaticanas, empleados, congregaciones religiosas y embajadas.
El Papa Francisco marca así su deseo de aplicar la reforma de la Curia, aprobada por la constitución apostólica Praedicate Evangelium, promulgada el 19 de marzo y que entrará en vigor el 5 de junio siguiente.
Aunque este documento ya contenía la solicitud de transferencia de fondos al IOR, muchas organizaciones habían pisado el freno, de ahí el rescripto firmado por el Santo Padre que, en teoría, debería doblegar a los más recalcitrantes.
El protagonismo dado al IOR forma parte de la política de centralización, un elemento clave de la reforma que priva a todos los Dicasterios de la Santa Sede de la posibilidad de invertir fondos de forma independiente.
El 1 de octubre, los fondos transferidos al IOR se sumarán a los 5,100 millones de euros en activos de los que ya dispone el organismo bancario, que declaró 18 millones de euros de beneficios para el ejercicio 2021.
