Nicaragua: aumenta la presión sobre la Iglesia

Mayo 16, 2022
Origen: fsspx.news
El presidente Ortega (centro) con su esposa, y un delegado de Ecuador

Multas exorbitantes, confiscación de bienes: la soga se aprieta cada vez más alrededor del cuello de la Iglesia católica en Nicaragua desde que el presidente presentó un proyecto de ley que criminaliza cualquier posición crítica contra el régimen, en particular contra los miembros del clero.

El proceso es inquietantemente similar al que tiene lugar en Hong Kong. Comenzó en octubre de 2020 con la aprobación de dos leyes: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Delitos en Línea, que restringieron severamente la libertad de asociación y expresión. Estas dos leyes han permitido el cierre de más de 125 organizaciones no gubernamentales (ONG) desde su promulgación, así como de periódicos de oposición.

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Esta ley ha permitido centrarse en los opositores del régimen, encarcelando o deteniendo en sus domicilios a cinco candidatos antes de las elecciones presidenciales de 2021.

Daniel Ortega ahora pretende hacer pagar un alto precio a la Iglesia nicaragüense, acusada de apoyar las protestas de 2018 que hicieron tambalear el poder confiscado por el exrevolucionario sandinista -junto con su esposa- en 2016, tras unas supuestas elecciones amañadas.

La pareja presidencial, a quien sus opositores apodan el "Ceausescu de América Latina", propuso reforzar las penas en que incurren los culpables de "atentado a la integridad nacional y traición a la patria": entiéndase aquí contradecir abiertamente al régimen.

No se trata realmente de una nueva ley, sino de un reforzamiento de las penas. La "conspiración para atentar contra la integridad nacional en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua" es un delito tipificado por los artículos 410 y 412 del Código Penal. Se reforzarían las penas previstas y se añadirían otras.

Así, el clero podría tener sus bienes confiscados, mediante la introducción de un nuevo concepto legal, "la extinción del derecho de propiedad", para el clérigo condenado en el marco de la ley.

La diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento, justificó la modificación hecha al Código, porque, según ella, "los hombres de la Iglesia que son objeto de persecución no actuaron como representantes de Cristo, sino por odio al sandinismo y a cualquiera vinculado al gobierno de unidad y reconciliación nacional".

Para la pareja presidencial, los opositores al régimen, calificados de "fariseos", o "demonios vestidos de sotana" si son sacerdotes, son los agentes de una desestabilización urdida con la complicidad de la Iglesia católica y de Washington: un atajo alimentado por la actitud de algunos miembros del clero, que a veces parece más una oposición política que un ministerio eclesiástico.

Sea como fuere, la soga se aprieta cada vez más alrededor de la Iglesia: en su homilía del 23 de abril de 2022, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y figura emblemática del catolicismo nicaragüense, no dudó en denunciar las "persecuciones" de las que son víctimas los cristianos, así como las numerosas "destrucciones" de iglesias en el país.

El 8 de mayo, el alto prelado habló sobre la nueva disposición que pone al clero en el punto de mira de la justicia: "algunos, con sus palabras grotescas, atacan a los que son los Pablos y los Bernabés de ayer, olvidándose de que la Iglesia no está dirigida por hombres sino por el Espíritu Santo, y que sigue avanzando a pesar de las calumnias y las persecuciones de que es víctima".

Cabe recordar que la Asamblea Nacional de Nicaragua está controlada por el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dirigido por Daniel Ortega, que tiene una mayoría de 75 diputados sobre 91 parlamentarios. La reforma más reciente del Código Penal fue aprobada en enero de 2021 e incorporó la cadena perpetua, tras una reforma constitucional.