República Dominicana mantiene el aborto como un delito en el Código Penal

Noviembre 27, 2021
Origen: fsspx.news
Interior del Senado de República Dominicana

El Senado de República Dominicana aprobó recientemente el nuevo Código Penal que establece penas, sanciona el feminicidio, la violencia doméstica y la actividad sexual no consentida, y mantiene el aborto como un delito que solo se despenaliza cuando la vida de la madre corre peligro.

La aprobación del Código Penal dominicano ha sido objeto de un amplio debate durante las últimas dos décadas, principalmente debido a la lucha entre los partidarios de mantener la criminalización del aborto en el país, y quienes abogan por su despenalización en tres casos: peligro para la vida de la madre, violación o incesto e inviabilidad del feto.

Cabe señalar, sin embargo, que el artículo 112 estipula que el aborto "realizado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados" no es punible si, "de antemano, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se han agotado en la medida de lo posible todos los medios científicos y técnicos disponibles".

Cabe recordar que el 28 de abril, la Cámara Baja ya había mantenido el estado actual durante la primera lectura de la revisión del Código Penal.

Nuevas disposiciones

El proyecto del nuevo código condena los ataques químicos, una práctica que ha causado la muerte o daños permanentes a muchas mujeres, principalmente víctimas de sus exparejas.

También prevé penas de prisión de 30 a 40 años para quienes cometan genocidio con el objetivo de destruir un grupo nacional, étnico, racial, religioso o basado en discapacidades.

El feminicidio, uno de los problemas sociales más acuciantes en República Dominicana, será castigado con 30 a 40 años de prisión, al igual que el asesinato.

En lo que respecta a la violencia doméstica, el Código Penal prevé penas que van de 4 a 40 de prisión, mientras que la agresión sexual sin consentimiento en una relación se castigará con penas que van de 4 a 10 años de prisión.

La corrupción administrativa se define como un delito "muy grave" en el código, y se prevé una pena de 10 a 20 años de prisión y la prohibición de ocupar cargos públicos.

También se sanciona el acoso a niños y adultos, así como la violencia económica, financiera y psicológica, además de la violencia física.

El Congreso Nacional aprobó el Código Penal en 2014 y 2016, pero en ambas ocasiones el texto fue vetado por el entonces presidente Danilo Medina por no permitir el aborto por las tres razones mencionadas.

El proyecto de ley regresará ahora a la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de aprobarlo tal como lo recibió del Senado o de hacer modificaciones, con las cuales la iniciativa volverá a la Cámara Alta.