El jueves 24 de noviembre de 2022, se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio del Vaticano. La sesión comenzó con un giro inesperado: el promotor de justicia Alessandro Diddi anunció el inicio de una nueva investigación contra el cardenal Angelo Becciu.
El punto de partida de esta nueva instrucción está ligado al contenido de una llamada telefónica entre el cardenal Becciu y el Papa, hecha pública durante la audiencia en la sala de los Museos Vaticanos donde tiene lugar el juicio.
Durante esta 37ª audiencia del juicio, los asistentes pudieron escuchar la totalidad de dicha conversación, durante la cual el cardenal le pide al Papa, tres días antes del inicio del juicio, que confirme que fue él quien autorizó los pagos a Cecilia Marogna por la liberación de una religiosa colombiana secuestrada en Malí.
Esta llamada de más de cinco minutos de duración, fechada el 24 de julio de 2021, mientras el cardenal se encontraba en su apartamento del Palacio del Santo Oficio, fue grabada por una familiar del cardenal Becciu, María Luisa Zambrano.
Esta grabación fue encontrada en el teléfono de Zambrano por la Guardia di Finanza d'Oristani, como parte de una investigación del Parquet de Sassari sobre la gestión de la Cooperativa Spes, dirigida por Tonino, hermano del cardenal Becciu, y la familia del cardenal.
Una nueva investigación
La documentación fue enviada por comisión rogatoria a la Procuraduría de Justicia y presentada hoy en el juzgado. Alessandro Diddi explicó que este material, junto con otras piezas, desencadenó una nueva investigación en el Vaticano por "asociación criminal", incluido el cardenal Becciu.
Entre estas nuevas piezas de evidencia, el promotor de justicia mencionó las declaraciones del obispo emérito de Ozieri, Monseñor Sergio Pintor, fallecido en 2020, sobre las relaciones con la familia Becciu la cual, según el prelado, gestionaba Caritas "a nivel familiar", con rastros de "fuerte injerencia en las actividades pastorales".
También se habló de 927 documentos para el transporte de 18,000 kilos de pan producidos por Spes para ser distribuidos en las parroquias, a fin de justificar las sumas pagadas por la diócesis a la cooperativa. Los documentos, sin embargo, parecen haber sido "falsificados".
El interrogatorio de Monseñor Perlasca
El esperado interrogatorio de Monseñor Alberto Perlasca, exjefe de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, duró seis horas durante las cuales el prelado de Como abordó todos los puntos fundamentales del juicio: la compra del edificio de Londres, los pagos destinados a Cecilia Marogna y a la Caritas de Ozieri; las relaciones con Gianluigi Torzi y Raffaele Mincione, y la naturaleza de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado.
Perlasca aseguró que nunca habría podido autorizar estas inversiones porque no tenía autoridad para hacerlo: "Ni el IOR reconoció mi firma". Las actividades financieras estaban "totalmente en manos" de Fabrizio Tirabassi (acusado). "Intenté por todos los medios que lo reemplazaran. No me gustaba mucho. Tienes que correr con los caballos que tienes".
Las relaciones con Raffaele Mincione
Monseñor Perlasca, en relación con el edificio de Londres en Sloane Avenue, acusó a Raffale Mincione de hacer "lo que quería. Financió sus actividades con nuestra parte del efectivo. Estábamos perdiendo dinero". En el verano de 2018, la Santa Sede se cansó y decidió salirse del caso: "La fe es infinita, la paciencia limitada".
Y añadió que la reunión en Londres del 20 al 23 de noviembre de 2018, al término de la cual se firmaron los dos acuerdos que establecían el traspaso de Gianluigi Torzi (acusado) a los Gut Funds, debería haber sido solo una reunión técnica. Fabrizio Tirabassi y Enrico Crassus, enviados por la Secretaría de Estado, como expertos de confianza, regresaron con un acuerdo marco.
Monseñor Perlasca insistió en escuchar a otros expertos. Pero "Fabrizio Tirabassi dijo por teléfono que teníamos que finalizar el asunto, que estábamos perdiendo dinero, que nos estaban dando una oportunidad en bandeja de plata. Me dije: si los técnicos dicen que todo va bien, todo va bien".
Las mil acciones de Gianluigi Torzi
El trato hecho en Londres le dio a Gianluigi Torzi el control total del edificio. Fue Gianluca Dal Fabbro, quien hizo tomar conciencia al jefe de la Oficina Administrativa de las "deficiencias del acuerdo". Me dijo: "Salir de esto te costará mucho dinero". Me explicó "la diferencia entre nuestras 30,000 acciones que valían tanto como un dos de picas y las 1,000 acciones de Torzi. Yo estaba devastado".
Monseñor Perlasca decidió denunciar a Gianluigi Torzi. "Se lo dije a todos, pero la mayoría estaban dispuestos a pagar o negociar. Me pidieron que ya no me hiciera cargo de la operación".
El pago a Cecilia Marogna
Monseñor Perlasca fue entonces cuestionado sobre los pagos enviados a Cecilia Marogna, quien había actuado como intermediaria con su empresa en Eslovenia para la liberación de la religiosa colombiana. "Me pidieron que hiciera pagos a 'un intermediario'. No sabía si era un hombre o una mujer. Yo hice lo que me dijeron".
Posteriormente, el testigo descubrió los gastos en productos de lujo realizados por Cecilia Marogna, y le preguntó al cardenal Becciu si se había cometido fraude. Este último respondió: "Si eso es cierto, la llamaré y le diré que tiene que devolverlo". Descubrió poco después que una tal Cecilia Zulema, haciéndose pasar por agente de los servicios secretos italianos, pedía una contribución para una misión en Libia. Quedó consternado cuando descubrió que el agente era Marogna.
Intento de manipulación de testigos
Monseñor Perlasca reveló además que el ahora cardenal Oscar Cantoni, obispo de Como, le dijo que "el cardenal Becciu le había llamado por teléfono para pedirle que retirara lo que había dicho", petición acompañada de una amenaza de seis meses de prisión. "Solo me limité a reportarlo".
Después de este testimonio, que suena a acusación, parece que el cardenal Becciu está en la peor posición.
