Aborto: un comité de las Naciones Unidas condena a Polonia

Gracias a una decisión histórica del Tribunal Constitucional polaco del 22 de octubre de 2020, el aborto eugenésico (realizado debido a una malformación o enfermedad del niño) ahora está prohibido en Polonia. Esto ha reducido considerablemente el asesinato de los niños por nacer, ya que más del 95% de los abortos se realizaban por esta causa (síndrome de Down en particular).

El 24 de agosto de 2024, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó el documento: “Polonia viola los derechos de las mujeres al restringir indebidamente el acceso al aborto”, concluyendo una investigación realizada en el país en 2022, detallando que “la situación en Polonia constituye violencia de género contra las mujeres y puede alcanzar el nivel de tortura o trato cruel, inhumano o degradante”, cita el Tribunal Europeo de Justicia.

El informe concluye haciendo “22 recomendaciones, incluida la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluso a través de reformas legales destinadas a la despenalización y la legalización total del aborto, así como el reconocimiento del derecho al aborto como derecho fundamental".

Un mecanismo bien aceitado

Louis-Marie Bonneau señala que este informe “es una respuesta a una denuncia” de varias organizaciones polacas pro-aborto. La primera mentira es basar la denuncia “en la Convención contra la Discriminación contra la Mujer ratificada en 1980 por Polonia”, pues “ningún artículo de esta Convención se refiere al aborto”.

Sin embargo, los miembros de la CEDAW interpretan ciertos artículos en este sentido, contrariamente a la interpretación general de los Estados, particularmente los más conservadores. Por lo tanto, hay que señalar que la CEDAW está falsificando el derecho internacional para presionar a Polonia.

Cabe añadir que nueve miembros de la CEDAW “han adoptado públicamente una posición a favor del aborto”, señala el CEJL, y que otros miembros proceden de ONGs que tienen un enfoque liberal respecto del aborto.

La segunda mentira consiste en presentar “informes sobre violaciones del derecho al aborto en los países afectados a los Comités de la ONU”, mientras “se llevan a cabo litigios estratégicos ante tribunales nacionales e internacionales”. El “litigio estratégico” no busca la reparación de una víctima, sino un cambio legislativo.

Así, desde el año 2000 se han iniciado numerosos litigios de este tipo contra Polonia. El objetivo es “explotar la buena voluntad de los miembros de los Comités de la ONU para obtener avances jurídicos”, es decir, “una verdadera instrumentalización y privatización de los órganos del derecho internacional”.

"Incluso si las decisiones de estos Comités no son jurídicamente vinculantes, contribuyen a crear un entorno de “ley blanda” que acaba ejerciendo una influencia considerable sobre los Estados y los Tribunales de Justicia internacionales”, concluye el artículo, que anima a los Estados a recuperar el poder mediante la reforma de estas instituciones.