Canadá y su chantaje con la eutanasia

Fuente: FSSPX Actualidad

Una residencia para ancianos está a punto de perder su financiación pública por negarse a matar a los pacientes que solicitan un "suicidio asistido".

La historia transmitida por Catholic News Agency el 22 de enero de 2020 es escalofriante. La Fraser Health Authority, autoridad pública responsable de administrar la atención médica a 1.6 millones de personas en la provincia occidental de Columbia Británica (Canadá), exigió al Irène Thomas Hospice (ITH), un modesto centro de cuidados paliativos con capacidad para 10 camas, ofrecer la eutanasia a sus pacientes igual que cualquier otro tipo de atención. Y esto bajo el riesgo de perder su licencia y financiación.

El asilo es gestionado por una asociación sin fines de lucro, Delta Hospice Society, que se opone valientemente a las leyes canadienses actuales sobre el suicidio asistido.

Desde septiembre de 2016, unos meses después de la legalización de la eutanasia en Canadá, la Fraser Health exige que todas las instituciones públicas para personas mayores estén en condiciones de asesinar por medio de la eutanasia a sus pacientes, dado que son financiadas por el Estado, al menos en un 50%.

Por el momento, los establecimientos privados católicos para ancianos no se verán afectados, pero ¿por cuánto tiempo?

Léonie Herx dirige la Asociación Canadiense de Médicos en Cuidados Paliativos. Según su opinión, los "poderosos grupos de presión" quieren extender a los establecimientos administrados por la Iglesia la obligación impuesta a los médicos de ofrecer la eutanasia: "las instituciones denominacionales podrían ser los próximos objetivos", explicó.

En Canadá, durante los primeros diez meses de 2018, se aplicó la eutanasia a 2,613 personas al término de sus vidas. Una cifra cuatro veces mayor al número total de homicidios cometidos durante ese mismo período.