El caso de Vincent Lambert: la acusación del fiscal contra la justicia

Según lo informado por el periodista Stephane Kovacs, en Le Figaro, Francois Molins, el fiscal de la Corte de Casación, dijo: "Reconocer el derecho a la vida como el valor más alto en la escala de derechos humanos tendría el efecto de cuestionar la ley Leonetti o las leyes relacionadas con el aborto".

En otras palabras, si reconocemos el derecho a la vida como el valor supremo en la escala de derechos humanos, las leyes Leonetti y Veil tendrían que cuestionarse. Pero la voluntad popular ha aprobado estas leyes. Por lo tanto, el derecho a la vida no puede ser reconocido como el valor supremo.

La cuestión para Francois Molins no es saber, objetivamente, qué forma parte o no de los derechos humanos, sino lo que la voluntad popular decida soberanamente sobre ellos.  

¿Qué hay entonces de la idea de que los derechos humanos son valores universales, intangibles, válidos siempre y en todas partes? ¿No es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas la que establece en el artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona”?

Esta intervención, al menos, tiene el mérito de mostrar la profunda incoherencia que radica en el centro mismo de nuestro sistema legislativo, y la tiranía absurda ejercida por la mayoría. Las leyes francesas, en este caso las leyes sobre el aborto y el final de la vida, están por encima de los derechos humanos básicos. 

Al final de cuentas, solo hay una ley: la relatividad intrínseca de todos los derechos. El único absoluto es la llamada voluntad popular, con un rigor elástico según los tiempos, los estados de ánimo y las manipulaciones que experimente. ¡El pensamiento inteligente es un absoluto relativo! Eso es muy útil para absorber estas contradicciones en un todo que las une.

Con tales principios, la justicia ya no tiene una base sólida y se hunde en la arbitrariedad.