El ejecutivo español quiere un registro de los médicos objetores de conciencia

Fuentes del departamento encabezado por Irene Montero aseguraron que se decidió tomar como referencia la ley sobre la eutanasia porque logró un amplio consenso (sic) durante su elaboración.

Este registro de objetores tiene como finalidad identificar las necesidades en cada área de la salud, de manera que se garantice en todos los casos el derecho a poder asesinar a los niños por nacer.

Las cifras del aborto

Este anuncio se produjo luego de que el gobierno publicó las cifras correspondientes al aborto en el 2020: 427,475 bebés deberían haber nacido en España, solo 339,206 pudieron reír y llorar, los 88,269 restantes fueron abortados.

En otras palabras, el 20.6% de los niños concebidos fueron asesinados, es decir, más de uno de cada cinco niños no nació porque así lo quiso su madre y una sociedad que lo permite.

El 91% de los abortos fueron a pedido de la madre (80,209), quien no deja de ser madre por el hecho de deshacerse de su hijo. ¿Hay alguna esperanza en esta oscuridad? El 19.9% de los españoles se declara católico practicante. Sin embargo, en al menos diez provincias, el 100% de los ginecólogos públicos se oponen al aborto.

Una férrea oposición médica

En un comunicado oficial, el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) reaccionó a las declaraciones de la ministra de Igualdad que atentan contra el derecho constitucional y el código de conducta profesional al intentar limitar el derecho al ejercicio legítimo de la objeción de conciencia.

En particular, se recuerda que "es un derecho fundamental reconocido internacionalmente en la Carta Europea de Derechos Humanos. Ninguna regulación disruptiva o ley ideológica oportunista puede regularlo, mucho menos limitarlo o condicionarlo".

El comunicado termina con estas palabras: "No podemos tolerar la interferencia ilegítima en la práctica de la medicina. Rechazamos el contraste creado artificialmente entre el derecho a la objeción de conciencia, que cualquier médico puede ejercer, y el derecho a la atención médica de todo ciudadano".

Esta declaración se produjo tras la amenaza de la ministra de Igualdad del gobierno social-comunista español, Irene Montero, quien afirmó que el derecho de las mujeres a matar a sus hijos en sus vientres no podía verse afectado por el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.

Haciéndose eco de la ministra, la directora del Instituto de la Mujer, Toni Morillas, señaló que hay una "práctica errónea" en España en cuanto a la "objeción de conciencia" de los profesionales que "hace que el derecho humano al aborto se vea obstaculizado" y más bien tratado como "una práctica que genera estigma social".

Herramienta de discriminación

La profesión médica no tardó en reaccionar: el registro de los objetores de conciencia podría fácilmente convertirse en una herramienta de discriminación para la contratación de médicos que quieran ser fieles al Juramento Hipocrático:

"No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco proporcionaré a mujer alguna un abortivo. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de una manera santa y pura".