El presidente portugués impone su veto a la ley sobre la eutanasia

El presidente de la República de Portugal, un católico practicante, impuso ayer su veto a la ley sobre la eutanasia, aprobada por el Parlamento el 5 de noviembre, y pidió una aclaración sobre "lo que parecen ser contradicciones" en el texto.

Según un comunicado publicado en el sitio web de la presidencia de la república, Marcelo Rebelo de Sousa solicitó dos aclaraciones sobre "cuestiones que surgieron en esta versión de la ley".

"El decreto mantiene, en una norma, el requisito de una 'enfermedad fatal' para la autorización de la anticipación de la muerte, lo cual proviene de la primera versión del título. Pero se extiende, en otra norma, a "enfermedades incurables" incluso si no son fatales, y, en otra más, a "enfermedades graves", indica el comunicado.

El presidente de la república pidió "al Parlamento que precise si es necesario que exista una 'enfermedad mortal', o si es suficiente con una enfermedad 'incurable' o solamente 'grave'".

También pidió a la Asamblea que indique las razones de este "cambio considerable en la ponderación de los valores de la vida y la libre autodeterminación".

"El cambio que se ha producido, en el transcurso de nueve meses, entre la primera versión de la ley y la versión actual, corresponde a una modificación considerable en la ponderación de los valores de la vida y la libre autodeterminación, en el contexto de la sociedad portuguesa", se lee en el comunicado.

A principios de noviembre, el Parlamento portugués revisó y aprobó el decreto sobre la legalización de la eutanasia, tras el veto inconstitucional opuesto en marzo por el presidente de la república a la primera versión del decreto, aprobada a finales de enero en el Parlamento. Este veto fue ratificado por el Tribunal Constitucional portugués.

Tras la aprobación del decreto parlamentario n° 199/XIV del 5 de noviembre de 2021, que "regula las condiciones de no punibilidad de la muerte medicamente asistida y modifica el Código Penal", la Conferencia Episcopal de Portugal (CEP) solicitó la intervención de las "más altas instancias" del país para poner fin a la legislación aprobada por el Parlamento.

"Con la esperanza de que las máximas autoridades del país tomen una decisión de acuerdo con las prerrogativas constitucionales a su disposición, la Iglesia seguirá haciendo todo lo posible para defender la vida humana y luchar por la creciente generalización de los cuidados paliativos a los que todo ciudadano tiene derecho", se lee en el comunicado final de la 201ª Asamblea Plenaria de la CEP, que se celebró en Fátima del 8 al 11 de noviembre.

Cabe señalar que la decisión del presidente se da en un contexto particular, ya que el Jefe de Estado anunció su decisión de disolver el Parlamento y convocar a elecciones parlamentarias anticipadas el 30 de enero de 2022.

En teoría, la mayoría de izquierda en el Parlamento podría anular el veto presidencial aprobando de nuevo el mismo texto por segunda vez. Pero a la espera de nuevas elecciones, el Parlamento tiene poderes limitados y la decisión quedará en manos del futuro cuerpo legislativo.