España revive el "espíritu Charlie"

El artículo 525 del Código Penal español vigente sanciona con ocho a doce meses de prisión a quienes "para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, denigren públicamente, oralmente, por escrito o mediante cualquier tipo de documento sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias".

Un "delito de blasfemia" que la heterogénea coalición gubernamental de izquierda y extrema izquierda pretende eliminar lo antes posible.

Asimismo, el 2 de febrero de 2021, la Comisión de Justicia del Senado solicitó al gobierno derogar el artículo 525, o al menos modificarlo sustancialmente, para estar en armonía con la jurisprudencia europea.

Carles Mulet, uno de los senadores detrás del proyecto de revisión, denunció en esta ley que castiga la blasfemia, un "anacronismo utilizado por ciertos grupos reaccionarios, para practicar el terrorismo judicial contra quienes no piensan como ellos".

No podemos sino preguntarnos dónde está realmente el terrorismo, cuando miramos uno de los últimos casos de blasfemia que ha sido noticia en los últimos años: un "artista" Abel Azcona exhibió una "obra" en Pamplona en 2015, y posteriormente en 2016 en Berga, cerca de Barcelona, que consistía en escribir en el suelo, utilizando 242 hostias presentadas como consagradas, la palabra "Pederastia".

Presentada por primera vez por el juez, el Tribunal Constitucional e incluso el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo, la denuncia fue reactivada en febrero de 2019 ante un tribunal de Barcelona, ​​que imputó al artista por "posible delito de profanación" y "ofensa a los sentimientos religiosos".

Para supervisar y combatir la proliferación del discurso de odio anticristiano, en 2008 se creó una asociación que reúne a varios juristas la cual presenta entre treinta y cuarenta denuncias al año para "defender la libertad religiosa y la vida desde su concepción hasta la muerte", explicó su presidenta Polonia Castellanos. ¿Pero cuánto tiempo más tendrá poder?

Porque, el 2 de febrero, los grupos parlamentarios, a excepción de los partidos de derecha -Popular (PP) y Vox- votaron a favor de la abolición del artículo 525 del código penal, en nombre de una "adaptación a la sensibilidad social del momento".

Eso es tanto como decir que sería coherente basar el derecho y la ley en las arenas movedizas de la opinión, o peor aún, en un llamado "espíritu Charlie" con tintes de naftalina que, detrás de su indignación muy selectiva, apenas esconde un cierto nihilismo que, tarde o temprano, sabemos que formará el lecho del totalitarismo.