Estados Unidos: cese de la financiación federal para la reasignación de sexo de menores

El documento afirma que el gobierno federal "no financiará, patrocinará, promoverá, ayudará o apoyará la llamada 'transición' de un niño de un sexo a otro" y que "las leyes que prohíben o restringen tales procedimientos deben aplicarse estrictamente".

El documento pide a los organismos gubernamentales que revisen las políticas sanitarias basadas en datos de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH), calificados de "carentes de integridad científica".

El decreto también ordena "la cancelación o modificación de todas las políticas basadas en las directrices de la WPATH", por considerar que "sus recomendaciones no se basan en estudios científicos sólidos y han favorecido tratamientos experimentales con consecuencias irreversibles".

Además, el texto especifica que los programas federales de cobertura médica -como Medicaid o Tricare- deben excluir la financiación de procedimientos de reasignación de sexo en menores. Esta medida pretende "proteger a los niños de procedimientos médicos que podrían causar daños físicos y psicológicos irreversibles".

Finalmente, el decreto define la "mutilación química y quirúrgica", refiriéndose al uso de bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales para alterar la apariencia física, y a las cirugías que modifican o extirpan los órganos sexuales: estas prácticas "ponen en peligro la salud de los menores y no deben ser fomentadas por el Estado".

Los grupos opuestos a estos procedimientos en menores aplaudieron el decreto. Matt Sharp, asesor principal de Alliance Defending Freedom, afirmó que la medida "protege a los niños de tratamientos irreversibles que han dejado a muchos jóvenes marcados física y emocionalmente".

Las organizaciones LGBTI describieron la orden como "una restricción que puede afectar a los menores transgénero. La Human Rights Campaign declaró que la medida "es un ataque directo a los derechos de los niños transgénero y sus familias" y advirtió de las posibles consecuencias de retirar las ayudas federales a este tipo de tratamientos.

Este decreto salvador llega en medio de un acalorado debate sobre la regulación de los tratamientos de reasignación de sexo para menores. En los últimos años, algunos Estados han aprobado leyes que restringen estos procedimientos, mientras que otros han legislado para garantizar el acceso.

El nuevo decreto representa un giro de 190 grados en la postura del gobierno federal sobre estos tratamientos. Probablemente influirá en futuras normativas a nivel estatal. Pero es probable que la medida sea impugnada ante los tribunales, por lo que se espera una feroz batalla legal.