Estados Unidos: los católicos tradicionalistas eran un objetivo claro del FBI

Las últimas revelaciones hechas públicas por el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, ponen de manifiesto una operación de mucha mayor envergadura contra los católicos tradicionalistas estadounidenses de lo que habían dado a entender los responsables de la época.

A través de documentos recientemente obtenidos, Grassley reveló que la investigación del FBI no se limitó a un simple memorándum aislado procedente de la oficina de Richmond, Virginia, como había afirmado el exdirector del FBI, Christopher Wray, sino que se extendió a un esfuerzo coordinado a nivel nacional, en el que participaron varias oficinas del FBI y más de 1,000 agentes.

En febrero de 2023, un exagente del FBI divulgó una nota interna de la oficina de Richmond: "Extremistas violentos, motivados por consideraciones raciales o étnicas, en la ideología católica tradicionalista radical". Según el memorándum, los católicos tradicionalistas, en particular los que están apegados a la misa en latín y rechazan el Concilio Vaticano II, podrían constituir una amenaza de extremismo violento.

La ficha informativa, que se basaba en gran medida en las denuncias del Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización controvertida por sus clasificaciones de "grupos de odio", recomendaba desarrollar fuentes dentro de las parroquias católicas y las comunidades en línea, así como una vigilancia reforzada de los fieles.

Miembros del Partido Republicano y asociaciones católicas acusaron a la nota de violar la libertad religiosa garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución. Ante la presión pública, el FBI retiró el memorándum y afirmó que se trataba de un caso aislado, elaborado únicamente por la oficina de Richmond. Christopher Wray, entonces director del FBI, lo afirmó ante el Congreso en julio de 2023.

El 7 de junio de 2025, el senador Grassley informó al Washington Times y al New York Post, dos medios conservadores. Su carta del 2 de junio de 2025, dirigida al nuevo director del FBI, revela que la investigación sobre las RTC no fue un incidente aislado: el FBI produjo al menos otros 13 documentos que contenían terminología anticatólicas similares basadas en fuentes como el SPLC.

Estos documentos habrían sido distribuidos a más de 1,000 empleados del FBI en todo el país, lo que revela una amplia coordinación a nivel nacional. Además, en este caso, la oficina del FBI en Richmond colaboró con otras oficinas, en particular las de Louisville, Portland y Milwaukee, para recopilar información sobre grupos católicos tradicionalistas.

Una presentación de diapositivas de un analista de Richmond llegaba incluso a comparar los "valores familiares conservadores" de los católicos tradicionalistas con ideologías islamistas. Además, los documentos muestran que el FBI planeaba infiltrarse en iglesias, escuelas parroquiales e incluso oficinas diocesanas, una medida considerada una violación flagrante de los derechos constitucionales.

Además, según Grassley, el exdirector adjunto del FBI ordenó la eliminación permanente del memorándum y de todas sus referencias en los sistemas del FBI el mismo día en que se hizo público. Aunque el FBI afirmó que podría ser posible recuperar esos archivos, hasta la fecha no se ha recuperado ninguno, lo que plantea dudas sobre la transparencia de la agencia.

Estas revelaciones han provocado fuertes reacciones. Josh Mercer, vicepresidente de CatholicVote, calificó la operación de "grave violación" de la Primera Enmienda. También criticó el recurso al SPLC, al que describe como un "grupo de odio anticatólico". Numerosos republicanos acusaron a Christopher Wray de mentir al Congreso al minimizar la magnitud de la operación.

Pero, ¿qué hay de sorprendente? Bajo la administración Biden, dominada por la ideología "woke", se han intensificado las tensiones entre las instituciones federales y ciertos grupos conservadores, en particular los católicos tradicionalistas. Los documentos obtenidos por Chuck Grassley sugieren que la investigación del FBI se basaba en una definición problemática del término "católico tradicionalista radical".

Los propios agentes parecían incapaces de definir claramente este concepto, lo que hace imposible utilizarlo como base para una investigación nacional. Además, el recurso a fuentes controvertidas como el SPLC, cuya influencia en las políticas federales se ha documentado desde 2021, suscita inquietudes sobre la objetividad de los procesos de toma de decisiones dentro del FBI.

Estas revelaciones se producen en un clima polarizado en el que son frecuentes las acusaciones de instrumentalización de las instituciones federales contra grupos percibidos como adversarios políticos. El caso ofrece un nuevo indicio de que la Administración Trump no teme entrar en guerra contra el "Estado profundo" y enfrentarse al progresismo.