Francia ante la encrucijada ética de la gestación subrogada

La problemática de la licencia de paternidad del "segundo padre", planteada por la Asociación de Padres y Futuros Padres Gays y Lesbianas (APGL), llevó al Consejo de Estado, a principios de junio de 2025, a aceptar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC). Esta QPC se refiere a los derechos sociales de los padres de intención de niños nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada, un tema que suscita acalorados debates en Francia.

Los grupos de presión de la APGL sostienen que el "segundo padre", cónyuge del padre biológico en una pareja homosexual, debería tener derecho al permiso de paternidad y de acogida. Esta desviación no es nueva: este permiso, creado para permitir a los padres cuidar de sus hijos, ya no está reservado exclusivamente al padre biológico desde 2013.

En efecto, desde entonces, la licencia por paternidad es accesible a cualquier persona que comparta la vida de la madre, como un padrastro. Sin embargo, dos circulares de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad (Cnam), de 11 de julio y 7 de noviembre de 2024, excluyen esta posibilidad para las parejas que han recurrido a la gestación por sustitución. La APGL solicita la anulación de estas circulares, que considera contrarias al principio de igualdad.

Ante esta situación, la Seguridad Social, teniendo en cuenta las recientes decisiones del Tribunal de Casación sobre el reconocimiento en Francia de las filiaciones establecidas en el extranjero para los niños nacidos por gestación subrogada, indica que está estudiando, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, la posibilidad de conceder un "segundo permiso de paternidad" en estos casos.

A la espera de una aclaración, se invita a los fondos de salud a que remitan las solicitudes de los "segundos padres" al servicio de mediación de la Cnam para que se traten caso por caso. Sin embargo, este enfoque no satisface a la APGL, que lo considera una fuente de desigualdad.

Desde el punto de vista católico, la gestación subrogada plantea objeciones fundamentales. Según la doctrina de la Iglesia, la procreación se inscribe en el marco del matrimonio válido entre un hombre y una mujer, en que el niño es concebido de forma natural. Por ello, el magisterio condena las técnicas de procreación artificial debido a su disociación entre el acto conyugal, la procreación y la filiación.

La gestación subrogada se considera una instrumentalización del cuerpo humano, que convierte al niño en objeto de un contrato y explota a la mujer gestante. Conceder un permiso de paternidad al "segundo padre" en este contexto se percibiría sin duda como un reconocimiento implícito de la gestación subrogada, lo que contradice los principios católicos de la dignidad inalienable de cada persona.

El Sindicato de la Familia —anteriormente conocido como Manif pour tous— está preocupado por esta estrategia de "pequeños pasos" hacia el reconocimiento implícito de la GPA en Francia. Este movimiento, que tiene previsto intervenir en el procedimiento de la QPC, considera que las parejas que recurren a la GPA en el extranjero eluden la ley francesa y luego intentan obtener derechos que no deberían poder reclamar.

Ludovine de La Rochère, presidenta del Sindicato, insiste en la necesidad de proteger a las mujeres contra la "explotación reproductiva" y a los niños contra la "mercantilización": conceder un permiso de paternidad al "segundo padre" equivaldría a banalizar la gestación subrogada. De este modo, antepone la defensa de los principios éticos a cuestiones sociales como el permiso de paternidad.

Otro intento de "pequeños pasos"

La APGL plantea otra forma de discriminación relacionada con una situación absurda: el caso de los hombres transgénero (nacidos de sexo femenino) que han conservado sus órganos reproductivos y pueden dar a luz a un niño. Si se reconoce como "padre" al "hombre trans" (madre biológica), se denegará el permiso de paternidad al cónyuge, ya que la ley no prevé la concesión de dos permisos de paternidad para una misma pareja...

Ludovine de La Rochère critica duramente esta reivindicación, ya que considera que plantea contradicciones jurídicas y éticas: una persona que da a luz debe ser reconocida como mujer y disfrutar de un permiso de maternidad, de acuerdo con la realidad biológica, y no reclamar la condición de padre. Estas demandas subvierten el derecho y van en contra del interés superior del niño.

Desde el punto de vista católico, un caso así refuerza las objeciones a la redefinición de los géneros y la filiación. La Iglesia enseña que la distinción entre hombre y mujer está arraigada en la naturaleza humana creada por Dios (Génesis 1, 27). Conceder un permiso de paternidad a una persona que ha dado a luz, o a su cónyuge, podría considerarse una negación de esta realidad biológica y espiritual, rompiendo el concepto de "familia".

No hay que olvidar que serán los niños, criados en el seno de estas parejas artificiales, quienes pagarán las consecuencias, por no hablar de los daños futuros que se causarán a la sociedad.

El Consejo Constitucional deberá pronunciarse sobre esta cuestión antes de finales del verano de 2025, en un contexto en el que los retos éticos más elementales corren el riesgo de pasar por la apisonadora orwelliana de los pseudoderechos sociales.