Francia: Macron marcha hacia la eutanasia

Bautizado modestamente como "final de la vida" para no asustar a la opinión pública, el proyecto de legalización de la eutanasia avanza a marchas forzadas: el 8 de septiembre de 2022, al margen del Consejo Nacional de Refundación (CNR), el presidente confirmó su intención de lanzar una convención ciudadana sobre el tema -una de sus promesas de campaña, quizás la única, que corre el riesgo de cumplirse- bajo el pretexto de que "tenemos que movernos para que haya más humanidad".

Menos de una semana después, el 13 de septiembre, el Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE) consideró posible la asistencia activa para la muerte, pero estrictamente supervisada: para personas "que padezcan enfermedades graves e incurables, que causen sufrimiento físico o psíquico refractario" y cuyo pronóstico vital "está comprometido en el mediano plazo", especifica el dictamen.

Ya se conoce el valor de este tipo de garantías, que están hechas para romperse tarde o temprano, como se puede ver en otros países de la Unión Europea, como los Países Bajos.

A raíz del dictamen emitido por el CCNE, el presidente anunció el lanzamiento de una amplia consulta ciudadana sobre el final de la vida, con miras a un posible nuevo “marco legal” a finales de 2023.

La mecánica está, pues, bien engrasada: el próximo mes de octubre se instaurará una "convención ciudadana" por parte del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE). Dicha convención tendrá que dar su decisión en marzo de 2023.

Al mismo tiempo, también se organizarán foros a nivel regional "con el fin de llegar a todos los ciudadanos y permitirles estar informados y evaluar los temas relacionados con el final de la vida", para crear una ilusión de democracia.

Porque la última palabra la tendrán los parlamentarios con los que el gobierno desea "considerar, si es necesario, los detalles y desarrollos de nuestro marco legal para finales de 2023", detalla el huésped de la calle Faubourg Saint-Honoré.

La presidenta del grupo parlamentario Agrupación Nacional ya ha manifestado su oposición a cualquier cambio en el marco legislativo en esta materia.

En efecto, luego de la ley de 2002, completada en 2005, llamada ley Leonetti, el paciente que lo desee puede solicitar la limitación o el cese de sus tratamientos. La ley de 2016 añade a esta posibilidad el establecimiento de una sedación profunda y continua hasta la muerte; alterando la conciencia para "dormir" antes de morir.

Algo insuficiente, según los partidarios de la eutanasia, para quienes "la ley francesa que rige el final de la vida presenta (...) fallas e insuficiencias importantes", como explican Line Renaud y el diputado Olivier Falorni -relator del proyecto de ley sobre el "final de la vida"- en la columna firmada, el 21 de agosto, en Le Journal du Dimanche, pidiendo la legalización de la asistencia activa para la muerte.

En cualquier caso, no hay duda de que el debate volverá a desviar la atención de los franceses en un momento en que el contexto nacional -e internacional- continúa deteriorándose: ¿una bendición para el poder ejecutivo?