Fuertes discrepancias en la Pontificia Academia para la Vida
El cardenal Willem Jacobus Eijk
Dos miembros de la Pontificia Academia para la Vida han sido criticados por pedir públicamente apoyo al suicidio asistido como una táctica para evitar la legalización de la eutanasia voluntaria en Italia.
El jesuita Carlo Casalone, profesor de teología moral en la Pontificia Universidad Gregoriana, expuso su tesis en un artículo publicado el 15 de enero por La Civiltà Cattolica, el periódico jesuita cuyos artículos son aprobados por la Secretaría de Estado.
El Padre Casalone sugiere invocar el principio de las "leyes imperfectas", según el cual, en ciertos casos, es lícito que un político católico vote a favor de una ley que restringe una ley ya existente que es contraria a la enseñanza de la Iglesia, por ejemplo, votando para reducir el período de aborto legal de 24 a 16 semanas.
Casalone considera que este principio podría aplicarse a la promoción del suicidio asistido, considerado un mal menor, para prevenir el mal mayor que es la eutanasia voluntaria.
Su opinión fue apoyada por Marie-Jo Thiel, profesora de ética en la Universidad de Estrasburgo y miembro de la Academia, quien escribió en Le Monde el 31 de enero que la sugerencia del Padre Casalone era señal de un cambio más amplio en la posición de la Iglesia.
Finalmente, monseñor Renzo Pegoraro, presidente de la Academia, declaró que, de las dos posibilidades, "el suicidio asistido es el que más limita el abuso porque vendría acompañado de cuatro condiciones estrictas: la persona que pide ayuda debe estar consciente y capaz expresarlo libremente, tener una enfermedad irreversible, experimentar un dolor insoportable y depender de un tratamiento de soporte vital como un ventilador".
La situación actual en Italia
La Corte Constitucional legalizó el suicidio asistido bajo condiciones muy específicas y bien definidas en 2019, lo que llevó a los activistas pro-eutanasia a convocar un referéndum nacional sobre la eutanasia voluntaria.
Su campaña culminó este febrero: una petición con 1.2 millones de firmas de los defensores de la eutanasia, muy por encima de las 500,000 necesarias para organizar una votación popular para cambiar las leyes existentes, se presentó ante la Corte Constitucional.
Esta última la rechazó el 15 de febrero, argumentando que una enmienda a la ley penal italiana para permitir la eutanasia voluntaria no garantizaría "la protección mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana, en general, y en particular de los débiles y vulnerables".
La reacción del cardenal Eijk
El cardenal Willem Eijk, médico y miembro de la Academia, rechazó firmemente estas propuestas a favor del suicidio asistido. El arzobispo de Utrecht argumentó que no existe "una diferencia moral significativa" entre el suicidio asistido por un médico y la eutanasia voluntaria, "ni del lado del paciente ni del lado del médico": ambos tienen "la misma responsabilidad moral" en la ejecución de un asesinato.
El cardenal declaró al National Catholic Register (NCR) que el argumento según el cual permitir la legislación del suicidio asistido, podría evitar la legislación sobre la eutanasia "no tiene sentido". "Abriríamos simple y automáticamente el camino para la legalización de la eutanasia, porque la diferencia ética entre los dos no es significativa", agregó.
El cardenal Eijk también rechazó el argumento de las "leyes imperfectas" en este caso. Señaló que el principio fue planteado por Juan Pablo II en Evangelium Vitae (73) en el contexto de la restricción del aborto, y precisó que "la aprobación de una ley que autorice el suicidio asistido medicamente no implica una restricción a la legalización de la eutanasia”.
También reaccionó otro miembro de la Academia, Jean-Marie Le Méné, presidente de la Fundación Lejeune. Este último criticó a sus dos colegas en un comentario publicado en Le Figaro, donde afirma que "una cosa es que la gente exprese su opinión personal, y otra muy distinta utilizar sus cargos para comprometer oficialmente a la Pontificia Academia para la Vida".
También mencionó la aplicación del n. 73 de Evangelium Vitae a este caso: sería, según él, "promulgar deliberadamente una ley mala para evitar otra ley futura, que sería más mala". Pero "la ley que se supone que debe evitar eventualmente se aprobará aún más rápido", advirtió.
Jean-Marie Le Méné aclaró que los miembros de la Academia están obligados por sus estatutos, en particular el artículo 5 §5 (b), que estipula que los académicos deben "comprometerse a promover y defender los principios relacionados con el valor de la vida y la dignidad de la persona humana, interpretadas de acuerdo con el magisterio de la Iglesia".
Sin embargo, agregó, apoyar la legislación sobre el suicidio asistido "es una desviación" de esa disposición. Al ser cuestionada por la NCR sobre esta violación de sus estatutos, la Academia no dio respuesta.
Fuentes: NCR/Le Monde/Le Figaro/La Civilta Cattolica – FSSPX.Actualités