Gran Bretaña: ¿aborto hasta el momento del nacimiento?

Fuente: FSSPX Actualidad

El parlamento inglés

Una enmienda al proyecto de ley sobre delincuencia y policía tiene por objeto despenalizar el aborto mediante la derogación de varias disposiciones del derecho penal. La enmienda NC17, propuesta por la diputada Stella Creasy, si se aprueba, abandonará a las mujeres y a sus bebés por nacer a la coacción de parejas violentas, advirtió la Society for the Protection of Unborn Children (SPUC).

La enmienda encarga al gobierno la implementación de las recomendaciones del informe de 2018 del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que recomendaba que no se impusieran sanciones penales a las mujeres y al personal sanitario que participaran en abortos.

La Sociedad para la Protección de los Niños por Nacer (SPUC) ha advertido de que esta medida legalizaría de facto el aborto hasta el momento del nacimiento. "No se podrá llevar a cabo ninguna investigación ni se podrá iniciar o continuar ningún procedimiento penal", estipula la enmienda NC17. Aunque se mantendría el límite de 24 semanas para el aborto, este sería inaplicable.

"Esto significaría, de hecho, la despenalización total del aborto, hasta el nacimiento, por cualquier motivo... incluido el sexo del bebé", advirtió la SPUC. Porque "la enmienda suprimiría (…) toda posibilidad de enjuiciamiento, e incluso de investigación" en caso de violación de las protecciones otorgadas a las mujeres y a sus hijos por nacer.

La enmienda NC17 de Creasy también dificultaría enormemente el enjuiciamiento de parejas violentas. Por ejemplo, si la enmienda NC17 se hubiera aprobado antes del juicio de Stuart Worby —quien fue encarcelado por dar pastillas abortivas a su pareja sin su conocimiento y matar así a su bebé por nacer—, quizás no habría sido procesado en absoluto.

Esta enmienda también podría dificultar el procesamiento de personas implicadas en la ocultación de un nacimiento y de un posible aborto, incluido el infanticidio durante el parto. La SPUC también subrayó que las recomendaciones de la CEDAW no son vinculantes y no constituyen una ley internacional.

Otra enmienda, presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, busca excluir a las mujeres del "derecho penal relativo al aborto", lo que significa que "una mujer no cometería ninguna infracción por actuar en relación con su propio embarazo".

Si se aprueba, el aborto —cualquiera sea la circunstancia— dejaría de considerarse delito en virtud de la Ley de 1861 de Ofensas contra las Personas (Offences Against the Person Act) o de la Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929 (Infant Life Preservation Act). Esta enmienda contaría con el respaldo de más de 50 diputados de todos los partidos favorables al aborto.

La SPUC calificó estas enmiendas como "la mayor amenaza para los niños por nacer y sus madres desde la Ley del Aborto", en referencia a la ley de 1967 que legalizó esta práctica hasta la semana 24 de gestación.

Nile Gardiner, director del Centro Margaret Thatcher para la Libertad de la Fundación Heritage, declaró que la legislación propuesta "equivaldría a un asesinato autorizado por el Estado" y advirtió que "podría conducir a una situación similar a la de China, con políticas de aborto extremas".

El rechazo a esta propuesta también se refleja en la opinión pública: una encuesta realizada por YouGov y citada por The Telegraph revela que solo el 1% de los ciudadanos británicos estaría a favor del aborto hasta el nacimiento, frente al 70% de los diputados que estarían a favor de despenalizar el aborto más allá del límite actual de 24 semanas.

Gardiner atribuyó el impulso legislativo a la mayoría parlamentaria del Partido Laborista: "Tienen una mayoría suficiente para actuar de forma dictatorial, sin tener en cuenta la opinión pública. Mientras no sean derrotados en las urnas, pueden aprobar prácticamente cualquier ley".

La votación de las enmiendas en la Cámara de los Comunes está prevista para la próxima semana. Algunas voces se han alzado para pedir más tiempo para el debate. Gardiner concluyó su intervención con un llamado: "Todo diputado consciente y que crea en la santidad de la vida humana debería oponerse a esta monstruosidad bárbara".

Debe señalarse que la ley del aborto, sea cual sea el país o las modalidades, ya realiza esa "monstruosidad bárbara", y el acto de abortar, en tanto que está amparado por la ley, es ya un "asesinato autorizado por el Estado". La atrocidad de la nueva propuesta no hace sino evidenciar aún más esta "monstruosidad bárbara".

También muestra que, una vez abierta la puerta infranqueable del respeto a la sacralidad de la vida inocente, ya nada puede impedir que esta sea puramente y simplemente arrancada y destruida, hundiendo aún más a la humanidad en una cultura de la muerte que devora a sus propios hijos en el banquete del placer sin límites.

Finalmente, convierte a la mujer —en tanto que mujer— en el equivalente del pater familias latino tan criticado, que tenía poder de vida o muerte sobre el niño recién nacido. El poder ha cambiado de sexo, pero sigue siendo el mismo.