Juicio en el Vaticano: la audiencia de la Autoridad Anticorrupción

Es el auditor general, Alessandro Cassinis Righini, quien subió al estrado. Su testimonio es condenatorio en más de un sentido.

Una Secretaría de Estado muy poco cooperativa

"Respuestas a menudo evasivas y una actitud general cerrada y poco cooperativa": este es el cuadro de la relación con la Secretaría de Estado ofrecido por el auditor general, Alessandro Cassinis Righini, durante su interrogatorio como segundo testigo de la acusación, durante la 27a audiencia del juicio por presunto tráfico ilícito de fondos de la Santa Sede.

Cassinis elaboró ​​el informe de 2019 que, junto con el del Instituto para las Obras de Religión, desencadenó la investigación que condujo al juicio. El testigo trabajó durante años en este puesto de control.

El auditor denuncia enérgicamente la resistencia de la Secretaría de Estado: solicitudes de documentación, informes de expertos, valoraciones del dicasterio que nunca recibieron una respuesta. O cuando esta última se dignaba a responder, era algo como: "Cuanto menos se escriba sobre presupuestos, mejor", como dijo una vez el arzobispo Alberto Perlasca.

El auditor continuó con su letanía de negativas: ya fuera monseñor Edgar Peña, suplente que sustituyó al cardenal Becciu, o el asesor Borgia, nunca había respuesta.

Y cuando el entonces prefecto de la Secretaría de Economía, el cardenal George Pell, firmó un contrato con una consultora financiera externa, Price Waterhouse Cooper (PWC), para realizar una auditoría de todos los dicasterios de la Curia, Becciu objetó, explicando que había un auditor interno: ¿por qué contratar una empresa externa para auditar las cuentas del Estado?

Al respecto, el Sr. Cassinis citó una frase del entonces sustituto: "Estamos acostumbrados a controlar, no a ser controlados".

El contrato de garantía con Credit Suisse

Uno de los puntos principales de la demanda es el "contrato de garantía" con Credit Suisse sobre los bienes de la Secretaría de Estado -por un importe total de 928 millones de euros, según él- que nunca ha sido entregado. Se trata de la operación por la que el dicasterio, al dar como garantía una parte de su patrimonio, obtuvo los recursos necesarios para proceder a la compra del London Palace.

Según Cassinis Righini: "Nada de esto tenía sentido para nosotros, no podíamos entender... El dinero se estaba usando (…) para productos especulativos, y había un flagrante conflicto de interés con la persona que sugirió estas inversiones".

"¡Esa no es la manera de manejar el Óbolo de San Pedro!"

El auditor general volvió a acusar de falta de transparencia a la Secretaría de Estado, en particular -da la fecha muy precisa del 26 de noviembre de 2018- cuando le fue presentada la carta por la que supuestamente el cardenal Parolin autorizó la transferencia del contrato del fondo Athena-Gof de Raffaele Mincione al fondo Gutt por Gianluigi Torzi (ambos corredores, ambos acusados).

Afirmó que la primera inversión "generó pérdidas constantes". En cuanto a la transferencia, aseguró que hizo todo lo posible por advertir del peligro, ya que Torzi conservó 1,000 acciones con derecho a voto para mantener el control exclusivo de la propiedad. Lo que acabó costando a la Santa Sede 15 millones para recuperar la propiedad del London Palace.

"Se sugirió que sería inaceptable no ejecutar el acuerdo, y se firmó el 3 de diciembre como estaba previsto. No entendí por qué fue tan apresurado".

Inversiones poco éticas

Durante el interrogatorio, Cassinis Righini también criticó las inversiones o proyectos de inversión del secretario de Estado cuya ética era cuestionable. Empezando por la propuesta del pozo petrolero en Angola, a pesar de "las conocidas posiciones éticas y medioambientales del Papa".

El Sr. Cassinis también citó los fondos de cobertura de la APSA sobre los productos "no conformes a la doctrina social de la Iglesia, como los fabricantes de anticonceptivos". Se lo habíamos informado a la APSA quien, de hecho, procedió a vender las acciones". Además, estos valores "no tenían una cotización transparente en el mercado" y "se pagaban comisiones" en fondos de cobertura.

Falta de competencia

El problema, según el auditor, era una falta de "competencia": dentro de la oficina administrativa, además de la falta de personal, como denunciaron Perlasca y sus reemplazantes, había "principalmente un problema de competencia, porque mucha gente no tenía conocimientos contables. Era un desastre... Era algo imposible de entender".

Un cuadro que confirma lo que el cardenal Pell ya decía en su momento, y que puede tener graves consecuencias ante los jueces a la hora del balance.