La legalización del divorcio divide a los filipinos

El 22 de mayo de 2024, un proyecto de ley, titulado House Bill 9349, destinado a legalizar el divorcio, fue aprobado en tercera lectura “por la Cámara de Representantes de Filipinas por 131 votos a favor, 109 en contra y 20 abstenciones", informa Foreign Policy (FP).

Si el Senado también se pronuncia a favor del texto en las próximas semanas, el proyecto aterrizará en el escritorio del presidente, a quien corresponde aprobarlo o vetarlo. Esta última hipótesis, sin embargo, parece improbable porque Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas, no ha ocultado su deseo de legalizar el divorcio en su país.

Actualmente, Filipinas es, junto con la Santa Sede, uno de los dos últimos países donde el divorcio no tiene existencia legal. Solo "la minoría musulmana, el 5% de la población, está autorizada a divorciarse", recuerda FP.

Para las “parejas cristianas que naufragan, hay dos opciones: anular su matrimonio ante un tribunal civil –aduciendo motivos como la bigamia– o solicitar la separación legal que está permitida en casos de violencia física, adulterio, abandono, homosexualidad o determinadas adicciones”, continúa FP.

Pero la legalización del divorcio, si bien parece deseada por el poder político, no tiene realmente el apoyo de los ciudadanos filipinos: "una encuesta realizada por el instituto Oculum Research and Analytics que entrevistó a 1,200 personas en todo el país del 25 al 30 de junio, reveló que "el 49% de los encuestados se opone a la legalización y solo el 30% aprueba el proyecto de ley en cuestión", informa Zenit.

"Los resultados indican una oposición sustancial a una expansión generalizada del divorcio en Filipinas", explica Racidon Bernarte, director de Oculum, entrevistado por la agencia de noticias Zenit.

La encuesta también destacó "que el 51% de los filipinos está a favor del divorcio en ciertos casos de extrema necesidad, mientras que el 31% está en contra" incluso en tal contexto: la pregunta también parece un poco sesgada, porque una ley, en principio, no puede crearse para regular las excepciones.

Si el matrimonio sigue estando protegido en Filipinas se debe a la influencia de la Iglesia católica, que se esfuerza, en la medida de lo posible, por frenar las reformas progresistas en materia moral: casi el 80% de la población se identifica como católica hasta el día de hoy.

Pero, aquí como en otros lugares, la sociedad se está secularizando gradualmente y el catolicismo está perdiendo terreno. Si finalmente se aprueba el proyecto de ley de divorcio, será una nueva decepción para la Iglesia: “en 2012, la anticoncepción se legalizó en el archipiélago, y ya sea en 2016 o 2020, los filipinos no siguieron las recomendaciones del episcopado, eligiendo como presidente a Rodrigo Duterte - que atacó violentamente a Francisco durante su campaña - y luego a Ferdinand Marcos, recuerda FP.

“Las clases trabajadoras creen que la Iglesia no hace lo suficiente por ellas y recurren al poder político”, explica el Padre Jerome Secilliano, párroco de Manila, en las columnas de Foreign Policy, quien subraya que los jóvenes filipinos están más inclinados que sus mayores a aceptar reformas sociales y distanciarse de la religión.

Por no hablar de los numerosos grupos pentecostales que se anteponen cada vez más a la institución eclesiástica, sin dudar en adoptar un discurso conservador y desinhibido en cuestiones éticas.