La Santa Sede analiza la posibilidad de crear un delito de abuso espiritual

¿Se añadirá una nueva disposición legislativa al Código de Derecho Canónico? No se sabe con certeza, pero lo que es seguro es que el Papa Francisco, al final de su audiencia del 22 de noviembre de 2024 con el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), autorizó la creación de un grupo de trabajo interdicasterial para trabajar en esta dirección.

El objetivo es definir un nuevo delito que abarque el uso abusivo del "falso misticismo" para manipular a una persona. El informe de la audiencia del 22 de noviembre, publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, señala que el cardenal Víctor Manuel Fernández comunicó al Papa que su dicasterio ya utilizaba el concepto de "falso misticismo".

Se trata de un concepto muy específico: el de "cuestiones ligadas a la espiritualidad y a presuntos fenómenos sobrenaturales (...) como casos de pseudo-misticismo, apariciones, visiones y mensajes atribuidos a un origen sobrenatural".

Pero el prefecto de la DDF señaló un problema que, en su opinión, era necesario abordar: "No existe en derecho canónico ningún delito tipificado bajo la expresión de falso misticismo, aunque los canonistas a veces utilicen la expresión como circunstancia para ciertos delitos de abuso".

El "jefe de la fe" señaló que en las nuevas normas para evaluar supuestos sucesos y fenómenos sobrenaturales publicadas por su dicasterio a principios de 2023, se reconoce ahora que "el uso de supuestas experiencias sobrenaturales o de elementos místicos reconocidos como medio o pretexto para ejercer control sobre las personas o cometer abusos debe considerarse de especial gravedad moral".

En opinión de varios canonistas romanos -según informa la web de noticias The Pillar -, la cuestión de la creación de un nuevo delito canónico parece "oportuna, aunque debería haberse planteado hace tiempo", sobre todo a la vista de los recientes casos de abusos en los que el control espiritual parece haber desempeñado un papel importante.

Esto ha dado lugar recientemente a un verdadero conflicto de competencias que ha envenenado las relaciones entre el DDF y la Secretaría de Estado en el "caso Principi", que lleva el nombre de un sacerdote que desde entonces ha sido reducido al estado laico.

Pero mientras que algunos casos de abusos espirituales pueden identificarse claramente, otras situaciones más vagas pueden ser bastante difíciles de evaluar jurídicamente; por no mencionar el riesgo de que las denuncias por tales abusos se multipliquen indebidamente, llenando los tribunales diocesanos y romanos, que consideran que ya tienen bastante con lo suyo como para añadir más.

Corresponde ahora a Monseñor Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, reunir a los canonistas competentes para evaluar, junto con el DDF, la conveniencia de aumentar la ya larga lista de delitos perseguidos por el Código de Derecho Canónico.