Londres y Belfast se enfrentan por el tema del aborto

Privada de poder ejecutivo desde enero de 2017 a raíz de un escándalo político-financiero, las instituciones políticas de la provincia británica de Irlanda del Norte se encuentran detenidas desde hace muchos meses.

Aprovechando esta parálisis política local, los parlamentarios de Westminster aprobaron dos enmiendas en julio de 2019 para extender a la provincia el derecho al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero desde entonces, el Palacio de Stormont, la sede del Parlamento de Irlanda del Norte, rechazando la interferencia inglesa en sus asuntos, se ha involucrado muy poco en la implementación concreta de servicios relacionados con el aborto.

Ante una situación que considera inaceptable, el gobierno de Boris Johnson ha dado carta blanca a su secretario de Estado en el Úlster, Brandon Lewis, para obligar a los ministros, departamentos y organizaciones sanitarias involucradas a aplicar, en la mayor medida posible, la ley sobre el aborto.

Si el ejecutivo de Irlanda del Norte no coopera, Brandon Lewis tomará plena autoridad en abril de 2021, con el fin de promulgar los decretos que amplían el acceso al aborto: "He avanzado en esta regulación porque hoy, las mujeres y las niñas de Irlanda del Norte siguen estando privadas del derecho a la atención del aborto", declaró el secretario de Estado en The Guardian el 23 de marzo.

Londres estima que más de 100 mujeres procedentes de Irlanda del Norte siguen intentando practicarse abortos en Inglaterra, a pesar de los riesgos para la salud.

Por su parte, el Partido Conservador Unionista Protestante DUP -ferozmente opuesto tanto al Brexit como al aborto- advirtió que la intervención británica tendría "graves consecuencias" para el futuro de Stormont.

El episcopado de Irlanda del Norte también se apresuró a denunciar la presión ejercida por Londres: "Lo que Westminster busca imponer, en contra de la clara voluntad de la mayoría de la gente, es una ley que socava descaradamente el derecho a la vida de los niños por nacer y promueve un prejuicio abominable e indefendible contra las personas discapacitadas, incluso antes de su nacimiento", lamentaron los prelados del Úlster en un comunicado conjunto.

Al igual que el DUP, los obispos ven la intervención de Westminster como una flagrante violación de los Acuerdos del Viernes Santo, que en 1998 pusieron fin a 30 años de disturbios que cobraron casi 3,500 vidas.

Irlanda del Norte fue la última parte de las islas británicas en legalizar el aborto: Inglaterra, Escocia y Gales despenalizaron el aborto en 1967; Irlanda en 2018, por referéndum.

Según el Departamento de Salud de Irlanda del Norte, se han realizado 1,345 abortos desde que la ley entró en vigor el 31 de marzo de 2020. Pero muchas mujeres continúan viajando a Inglaterra para poder abortar.