Los maronitas se levantan contra una ley que amenaza a los cristianos de Líbano

Según las nuevas disposiciones aprobadas el 29 de marzo de 2018, "cualquier ciudadano árabe o extranjero que adquiera una unidad residencial en el Líbano puede obtener un permiso de residencia permanente". El artículo, que también beneficia a los cónyuges e hijos menores del comprador, impone una condición: "el valor del bien adquirido no debe ser inferior a 1 millón de dólares, si está ubicado en Beirut, y mayor a 500,000 dólares si se encuentra en otras regiones."

En dos ocasiones - el 7 de abril, durante la consagración de dos obispos en la Basílica de Nuestra Señora del Líbano, y el 8 de abril, en el transcurso de la misa dominical en Bkerké - Monseñor Raï habló sobre "esta ley introducida mágicamente en el presupuesto del 2018", denunciando "una supuesta generosidad en la venta de tierras libanesas". "¿Será que hay intereses financieros y políticos detrás de estas ofertas perjudiciales para el país? ¿Y en beneficio de quién?", se interrogó el prelado.

Un experto contactado por el diario L'Orient-Le Jour ha respondido a estas preguntas. En su opinión, "hablando generalmente, no son los europeos los que comprarían los bienes inmuebles, sino, más bien, las personas que pertenecen a una confesión religiosa determinada". Y añadió que "varias personalidades musulmanas construyen actualmente numerosos complejos habitacionales en las regiones cristianas", lo cual "modifica la configuración de estas zonas en cuanto a sus poblaciones."

Otras personalidades cristianas han alzado la voz, especialmente Chamel Roukoz, candidato a las elecciones legislativas en la circunscripción de Kesrouan-Ftouh. Durante una manifestación electoral en Akoura, Roukoz señaló que "esta iniciativa no ayudará a recuperarse al sector inmobiliario, sino que vaciará al país de su gente". Además, exhortó al presidente de la República, Michel Aoun, a "intervenir personalmente para evitar este nuevo fenómeno de implantación camuflada, que buscan imponer con engaños", pues "la preservación de la Constitución y de la entidad del Líbano está en manos del jefe del estado."

De hecho, es al presidente Aoun a quien corresponde, según los términos de la Constitución del país, el poder de promulgar las leyes para que puedan entrar en vigor.