Nicaragua: persecución sistemática para destruir a la Iglesia

CNA Prensa informó el 30 de agosto que el gobierno prohibió 169 organizaciones no gubernamentales (ONG) sin fines de lucro, “lo que eleva el total a 5,664 ONG cerradas desde 2018 por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo en Nicaragua, según el diario La Prensa”.

Las detenciones de sacerdotes y su posible expulsión se han vuelto recurrentes: Vatican News informó sobre la detención del rector del seminario de Matagalpa el 6 de agosto, la expulsión de 7 sacerdotes a Roma el 7 de agosto, la detención el 10 y 11 de agosto de dos religiosos y un asistente pastoral, y el 19 de agosto la expulsión de otros dos sacerdotes. Pero también tiene lugar una persecución financiera.

Vatican News informa sobre la salida de Cáritas de la diócesis de Matagalpa el 12 de agosto y la incautación de sus bienes muebles e inmuebles. El 20 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó “una reforma del sistema tributario que hasta ahora eximía a las instituciones religiosas del pago de impuestos sobre los ingresos provenientes de actividades y bienes destinados exclusivamente a fines religiosos”.

A partir de ahora, la Iglesia estará sujeta "a un régimen fiscal similar al del sector económico privado. Por tanto, las ofrendas, limosnas y donaciones de los fieles estarán sujetas al impuesto sobre la renta a tasas de entre el 10 y el 30%". Este impuesto supondrá una carga importante para las obras caritativas: educación, apoyo, asistencia e incluso residencias de ancianos.

El 26 de agosto, el diario La Prensa anunció el último descubrimiento del gobierno de Ortega: “la abolición de la Caja de Seguros de los Sacerdotes a un año de congelar sus cuentas”. En efecto, entre “las 1,500 organizaciones que el Ministerio del Interior cerró el lunes 19 de agosto, se encontraba la Caja de Seguros de los sacerdotes, que priva a los sacerdotes de sus contribuciones de jubilación.

El mismo periódico recordó que “la condición jurídica de la asociación fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2005, según los archivos parlamentarios”. Y agrega que, “según la abogada Martha Patricia Molina Montenegro, esta asociación pagaba una pensión mensual a aproximadamente 70 sacerdotes mayores de 60 años”.

El periódico entrevistó a un sacerdote que precisó que "cada sacerdote contribuía con 150 dólares por año y 150 dólares adicionales a la parroquia en la que ejercía su ministerio, haciendo un total de 300 dólares por sacerdote anualmente. Cada sacerdote, a partir de los 65 años, recibía 200 dólares mensuales, o antes de los 65 años si estaba muy enfermo".

Pero todo el dinero del Fondo de Pensiones para Sacerdotes fue robado por el gobierno. El mismo sacerdote explica: “Yo ya no contribuyo por el congelamiento de cuentas, pero se hizo efectivo el robo, que finalmente fue un robo a los feligreses, quienes nos ayudan generosamente”.

La señora Martha Patricia Molina explicó a La Prensa en 2023 “que la dictadura había bloqueado las cuentas de la Caja de Seguro de los Sacerdotes, impidiendo así que los sacerdotes jubilados recibieran sus pensiones”. Precisó que “gracias al aporte de cada sacerdote (…) se entregaba una pensión de 300 dólares a los mayores de 75 años y de 150 a los mayores de 65 años”.

Como el gobierno vigila de cerca el flujo de dinero del extranjero, especialmente si está destinado a la Iglesia, nadie sabe cómo podrá el episcopado proporcionar una vida digna a los sacerdotes ancianos y en apuros.

¿Cuál será el próximo invento persecutorio del gobierno de Ortega?