Un trueno retumba en el monte Sinaí

Mediante una sentencia dictada el 28 de mayo de 2025 por el tribunal de Ismailia (Egipto), sus bienes han sido confiscados en beneficio del Estado egipcio, lo que ha suscitado una ola de inquietud sobre el futuro de este santuario y de la comunidad monástica que lo habita.

Fundado en el siglo VI bajo el patrocinio del emperador Justiniano, el monasterio de Santa Catalina ha atravesado los siglos, resistiendo los tumultos de las guerras, las conquistas y las persecuciones. Su perdurabilidad se debe en parte al estatuto de Wakfu, que designa un lugar sagrado protegido por la tradición coránica, lo que le ha valido el respeto de los beduinos del desierto del Sinaí.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este tesoro alberga joyas de valor incalculable: íconos antiguos, manuscritos raros, reliquias sagradas y una biblioteca de excepcional riqueza. Hasta hace poco, estos bienes eran administrados por una comunidad de veinte monjes, miembros del patriarcado griego de Jerusalén (no unido a Roma), que gozaban de una autonomía casi absoluta.

Este privilegio, fruto de una larga tradición, garantizaba tanto la salvaguarda espiritual como material del monasterio, al tiempo que le confería un aura de independencia poco común en una región marcada por los trastornos. El veredicto del tribunal de Ismailia, dictado el 28 de mayo de 2025, pone fin brutalmente a esta autonomía. Los bienes del monasterio pasan ahora a control del Estado egipcio.

A los monjes, guardianes seculares de este lugar, se les imponen severas restricciones: se limita su acceso a determinados edificios y solo se tolera su presencia con fines religiosos, en las condiciones dictadas por las nuevas autoridades públicas. Esta decisión se inscribe en un contexto regional ya convulso, en el que se entremezclan tensiones religiosas y políticas.

Los monjes, en una declaración hablan de una "expulsión de facto" de su propio monasterio. Esta confiscación, lejos de ser un hecho aislado, es el punto culminante de una larga batalla jurídica. Desde hace varios años, el Estado egipcio, de forma intermitente, intenta poner el monasterio bajo su autoridad.

Esta ofensiva, iniciada bajo el gobierno de los Hermanos Musulmanes, se ha intensificado, revelando complejas luchas de poder dentro del aparato estatal egipcio. Algunos analistas ven en ello la influencia de un "Estado profundo", en el que facciones, a veces vinculadas a grupos salafistas, escapan al control del presidente Abdel Fattah Al-Sisi. Este último, a pesar de su imagen de hombre fuerte, parece incapaz de frenar estas dinámicas internas, lo que debilita aún más la posición del monasterio.

La confiscación se produce en un contexto geopolítico tenso. El Sinaí es escenario de operaciones de grupos yihadistas que han amenazado el lugar con ataques. La decisión del tribunal también debilita la posición del monasterio en litigios civiles, en particular los relacionados con reclamos de prescripción adquisitiva, en los que terceros tratan de apropiarse de tierras o bienes.

Además, exacerba las tensiones diplomáticas entre Egipto y Grecia, ya que esta última considera la medida como un ataque al patrimonio helénico y ortodoxo. La reacción de Grecia, profundamente apegada al patrimonio ortodoxo del monte Sinaí, ha sido especialmente enérgica.

El arzobispo (no católico) de Atenas, Ieronymos, expresó su indignación en términos conmovedores: "No quiero y no puedo creer que el helenismo y la ortodoxia estén viviendo hoy una nueva 'conquista' histórica". Para él, el monasterio de Santa Catalina, "faro espiritual de la ortodoxia y el helenismo", se enfrenta a una amenaza existencial.

Pero no hay que engañarse: la lamentable decisión del Estado egipcio es también una consecuencia lejana de ese estatus de autocefalia cultivado por la ortodoxia. Al rechazar la unidad romana, estas "Iglesias" —desde un punto de vista puramente político— se han debilitado y se han puesto en manos de los poderes locales. Para bien o para mal...