Vaticano: el juicio Becciu se reanuda en medio de un ambiente difícil

Festina lente… - Darse prisa, lentamente. Cuatro horas y media: la séptima audiencia del juicio sobre las inversiones financieras de la Secretaría de Estado, presuntamente sospechosas, fue más larga que la anterior, que duró alrededor de cuarenta minutos.

La audiencia estuvo precedida por la revisión de uno de los principales acusados, presente este 18 de febrero de 2022, en el banquillo de los acusados: el cardenal Angelo Maria Becciu habló a los numerosos periodistas presentes.

El ex vicesecretario de Estado retomó el tema de los amplios allanamientos llevados a cabo por la brigada financiera italiana el pasado 15 de febrero, en Roma y en las localidades sardas de Ozieri, Bono y Pattada, todas bastiones del caído porporato.

Este último dijo estar "muy angustiado" por los últimos acontecimientos, aunque destacó que el fiscal y la fuerza pública fueron "muy amables" con él, asegurándole que así es el "procedimiento normal tras recibir un nuevo informe procedente de la fiscalía".

Ante los periodistas, el cardenal Becciu quiso explicar su verdad, negando las nuevas acusaciones según las cuales malversó alrededor de 100,000 euros de fondos de la Secretaría de Estado para redirigirlos a Spes, una filial sarda de Caritas, dirigida por su propio hermano, Tonino Becciu.

La continuación de esta investigación es "una humillación para la diócesis y para el obispo", lamentó el exsustituto, diciendo "por enésima vez, y espero que sea la última, que la diócesis de Ozieri siempre se condujo respetando los fines religiosos, y en el espíritu de una economía solidaria".

"Quiero expresar mi total solidaridad con el obispo que sufrió estas humillaciones", concluyó monseñor Becciu, antes de ingresar a la sala polivalente de los Museos Vaticanos, donde se unió al único acusado también presente, monseñor Mauro Carlino.

Un leve progreso

Como primer paso, los diferentes aspectos del caso ahora se han unificado en el procedimiento, como deseaba Giuseppe Pignatone, en su calidad de presidente de la Corte.

Los abogados de los diez imputados interpusieron un nuevo recurso de nulidad, argumentando que los fiscales han evitado compartir todas las pruebas recabadas durante su investigación, en particular el interrogatorio de monseñor Alberto Perlasca, testigo clave del caso, que el promotor de justicia se niega a revelar en su totalidad. Por temor –según algunos– a poner en entredicho, aunque sea indirectamente, la persona del soberano pontífice.

Durante esta séptima audiencia, la Autoridad de Información y Supervisión Financiera (ASIF) decidió ejercitar la acción civil en el juicio, sumándose a otros órganos de la Santa Sede, como la Secretaría de Estado, el Instituto de Obras Romanas (IOR) y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).

Durante la audiencia, entre otras cosas, cabe destacar la escaramuza entre el promotor de justicia, Alessandro Diddi, y el defensor de Gianluigi Torzi, el abogado Marco Franco, quien argumentó que los derechos humanos de su cliente "han sido violados reiteradamente, así como el derecho a la defensa".

Diddi respondió bruscamente: "¿Asume realmente la responsabilidad de lo que está diciendo?" Le doy un pequeño consejo, cuidado con las calumnias". A lo que Marco Franco respondió: "¿Debería sentirme amenazado?" Giuseppe Pignatone intervino entonces para restaurar la calma.

El presidente finalmente decidió aplazar la sesión hasta la mañana del 28 de febrero, fecha en la que se examinará el recurso de nulidad: si todo marcha según lo previsto, la octava audiencia se realizará el próximo 1 de marzo, y finalmente permitirá llegar al meollo del asunto.

El juicio de las aventuradas inversiones de la Secretaría de Estado sigue avanzando lentamente, mientras se supone que representará un punto de inflexión para la justicia vaticana, en la época de las reformas del Papa Francisco.