La ONU castiga a Honduras por el tema del aborto y el matrimonio homosexual

El 30 de diciembre de 2020, el Congreso argentino legalizó el aborto: un golpe de suerte para las feministas latinoamericanas que vieron esta decisión histórica como un posible efecto de bola de nieve en los países latinoamericanos.

En Honduras, sin embargo, sucedió lo contrario, ya que el parlamento del pequeño estado de Centroamérica decidió consagrar en la ley la prohibición del aborto el 21 de enero de 2021.

El Congreso Nacional aprobó un proyecto de enmienda constitucional para proteger aún más la prohibición absoluta del aborto que ya existe en el país. Para que este crimen sea legalizado en el futuro, tres cuartas partes de los 128 parlamentarios tendrían que aprobarlo, lo que en la práctica es casi imposible.

El proyecto -denominado "Escudo antiaborto en Honduras"- establece una especie de cerradura constitucional, no solo contra la interrupción voluntaria del embarazo (aborto), sino también contra las uniones civiles entre personas del mismo sexo que también aprobó la prohibición constitucional.

Esto fue suficiente para provocar la ira de las Naciones Unidas. A través de su delegación en Honduras, la organización mundial reaccionó declarando que el voto de los diputados sobre la prohibición total del aborto era "contrario a los derechos humanos", y que la reforma constitucional "contravenía obligaciones internacionales".

Lo mismo en el caso de la penalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, la ONU recordó a Honduras que las restricciones a los derechos "por la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de esa identidad son contrarias a las observaciones de la Corte Americana de Derechos Humanos, y al principio de no regresión de los derechos humanos".

Sin embargo, a Honduras no parecen preocuparle mucho estas protestas. Mario Pérez, miembro del gobernante Partido Conservador Nacional -y relator del escudo antiaborto- justificó el deseo de su país de frenar "la ola de reformas constitucionales en los países latinoamericanos, impulsadas por gobiernos de izquierda, destinadas a legalizar el aborto", como sucedió en Argentina recientemente. (…) No podemos permitirlo en Honduras", agregó.

Cabe recordar que la despenalización del aborto que se ha extendido en muchos países no representa en modo alguno un "derecho al aborto", ya que, como indica el término, despenalizar es "dejar de someter una acción o conducta a una sanción penal", pero esta acción es en ocasiones susceptible a otras sanciones.

Esta falta del derecho al aborto se recordó en la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, firmada por 32 países, el 22 de octubre de 2020. La declaración reafirma notablemente "que no existe un derecho internacional al aborto, ni obligación por parte de los Estados de financiar o facilitar el aborto, de acuerdo con el consenso internacional establecido desde hace mucho tiempo de que toda nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades de acuerdo con sus leyes y políticas". La ONU haría bien en tomar nota.