Nicaragua: liberación y expulsión de religiosos detenidos

Se reunieron con el Papa Francisco durante una audiencia estrictamente privada en la casa Santa Marta el 26 de enero.

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, noroeste de Nicaragua, estaba encarcelado desde febrero de 2023, condenado a 26 años de prisión por apoyar a los manifestantes contra el régimen de Ortega. Estaba bajo arresto domiciliario desde agosto de 2022. Monseñor Isidoro del Carmen Mora, obispo de Siuna, en el noreste del país, fue detenido en diciembre de 2023.

Los sacerdotes fueron arrestados como parte de un esfuerzo concertado por el régimen nicaragüense para presionar al Vaticano a fin de que otorgue al gobierno un derecho de inspección oficial sobre los nombramientos episcopales, informó el periódico católico en inglés The Pillar, el 15 de enero de 2024.

Un comunicado del régimen emitido el 14 de enero confirmó la expulsión de los clérigos, diciendo que su liberación se había obtenido a través de canales diplomáticos. El comunicado explica que “los acuerdos con la Santa Sede han garantizado el envío y la recepción de obispos, sacerdotes y seminaristas en el Vaticano”.

Y continúa: “La presidencia de la república, el gobierno de reconciliación y unidad nacional y el pueblo de Nicaragua agradecen al Santo Padre, el Papa Francisco, así como a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a su prefecto, el Cardenal Pietro Parolin, y a su equipo de trabajo, por la muy respetuosa y discreta coordinación llevada a cabo para hacer posible el viaje al Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas”, señala el comunicado.

En entrevista con Vida Nueva, la abogada nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina Montenegro, quien registra la persecución religiosa en su país, a través de sus reportajes titulados Nicaragua: Una Iglesia Perseguida, dijo que si bien el exilio de monseñor Rolando Álvarez fue la mejor manera de salvar su vida, no deja de ser un crimen de lesa humanidad: "Si monseñor Álvarez se quedaba, los sandinistas lo iban a asesinar porque ya lo tenían planeado".

La abogada dijo estar segura de que "el Papa Francisco sabe que en las cárceles de Nicaragua se practican torturas y tratos crueles e inhumanos, y que la dictadura estaba desesperada por deshacerse de los religiosos, porque el catolicismo es vergonzoso para su proyecto de instaurar una dictadura dinástica".

Esta es la tercera expulsión de sacerdotes nicaragüenses en menos de un año. Alrededor de 110 sacerdotes han sido exiliados de Nicaragua desde 2018. Otros huyeron de Nicaragua después de recibir amenazas, y a algunos se les negó la entrada al país al regresar de viajes al extranjero. Se desconoce el número exacto de sacerdotes en el exilio, a menudo como medida de seguridad para sus seres queridos.

Los sacerdotes exiliados representan aproximadamente el 15% del clero católico nicaragüense. Fuentes locales dijeron a The Pillar que la situación en la diócesis de Matagalpa de monseñor Álvarez es particularmente difícil. La diócesis contaba con 51 sacerdotes en 2019, y hoy son alrededor de 20.

En mayo de 2023, la dictadura también ordenó congelar las cuentas bancarias de la Iglesia católica en Nicaragua, de forma paulatina y sin ninguna notificación oficial. Cancelaron las cuentas bancarias de la Iglesia en Estelí, luego en Matagalpa, en Managua y finalmente en todo el país.

Entre 2022 y agosto de 2023, “trece edificios privados pertenecientes a la Iglesia católica fueron confiscados por el gobierno de Nicaragua y, en su mayor parte, convertidos en instituciones públicas”, especificó la abogada nicaragüense en el exilio.

Desde 2019, Martha Patricia Molina Montenegro ha documentado la represión de la Iglesia católica y las comunidades religiosas por parte del gobierno de Nicaragua. Abogada de formación, ha investigado la corrupción pública en los gobiernos central y municipal de Nicaragua. Por temor a ser encarcelada tras meses de acoso policial, Martha Molina huyó de Nicaragua en junio de 2021.

Desde 2022, su trabajo se ha centrado en el acoso policial y las violaciones a la libertad de religión o de creencias cometidas por el gobierno, particularmente contra el clero católico en Nicaragua. Sus informes detallados documentan la prohibición gubernamental de procesiones y otras ceremonias católicas, la expulsión del clero católico del país y el arresto arbitrario de sacerdotes, laicos y feligreses católicos.