Denuncia contra el Papa ante la ONU

El origen de una denuncia tan inesperada como incongruente se remonta a 2012: “en las instalaciones del Credit Suisse en Londres, se encontraban reunidos un representante de la Secretaría de Estado y un financiero italiano, Raffaele Mincione”, señala el Financial Times retomado por el diario económico Les Echos. Mincione aconseja: “no invertir en un proyecto petrolero en África, sino en bienes inmuebles de lujo en Londres”.

Un consejo seguido dos años más tarde, en 2014, “con la transferencia” – considerada fraudulenta por los tribunales vaticanos – “de 150 millones de euros de las cuentas del Credit Suisse y de la Banca della Svizzera Italiana de Lugano a la sociedad de cartera” de Raffaele Mincione, lo que permitiría invertir en un edificio en la capital británica, en el número 60 de Sloane Avenue, continúa Les Echos.

En la transacción, Raffaele Mincione y varios de sus asociados, entre ellos el empresario Gianluigi Torzi, recibieron importantes honorarios. Pero a lo largo de los meses, las inversiones en Londres –debido a la devaluación de la libra, la crisis económica vinculada al Covid-19 y la incertidumbre vinculada al Brexit– registraron numerosas pérdidas. Y la del Vaticano en particular.

El 16 de diciembre de 2023, Raffaele Mincione, al final de un juicio histórico celebrado en el Vaticano, recibió una pena de prisión de cinco años y seis meses y una multa de 8,000 euros con prohibición de ejercer una función pública. El condenado y sus asociados apelaron la sentencia.

Durante el juicio se hicieron públicos varios rescriptos firmados por Francisco: "el soberano pontífice autorizó el uso de escuchas telefónicas", informa The Telegraph, en el marco de la investigación sobre el exagente, sospechoso de acciones fraudulentas.

Estos métodos fueron cuestionados por el abogado de Mincione, citado por el periódico: "Esta autorización infundada, concedida a los fiscales por un monarca absoluto, dio luz verde a la implementación de la vigilancia, sin que se indicaran razones precisas, sin que se ejerciera un control judicial o de otro tipo, independiente e imparcial, o sin que existiera un mecanismo para impugnar la implementación de la vigilancia ante un tribunal independiente e imparcial".

El abogado Rodney Dixon, especialista en derechos humanos, decidió por estos hechos presentar una denuncia contra el sucesor de Pedro ante las Naciones Unidas, como "autor" de violaciones de derechos humanos, informó The Telegraph el 16 de junio.

Corresponde a Margaret Satterwaite, relatora especial de la ONU, examinar la admisibilidad de esta denuncia: tiene pocas posibilidades de éxito ya que la Santa Sede goza de total inmunidad según el derecho internacional y siempre se ha negado a ser un miembro efectivo de la ONU, prefiriendo ser un observador permanente que le permite, desde 1964, hacer oír su voz, sin estar sujeto a ningún reglamento.

Como tal, la posición de la Iglesia frente a la política internacional encuentra su formulación jurídica en el artículo 24 del Tratado de Letrán, firmado el 11 de febrero de 1929:

"La Santa Sede, en lo que corresponde a la soberanía que le pertenece, incluso en el ámbito internacional, declara que desea permanecer y permanece ajena a las competencias temporales entre los demás Estados y a las reuniones internacionales convocadas a tal efecto, a menos que las partes en litigio no hagan un llamamiento a su misión de paz, reservándose en cada caso hacer valer su potestad moral y espiritual".

La denuncia presentada por el abogado de Raffaele Mincione no puede más que tranquilizar a la Santa Sede en su negativa a convertirse en miembro efectivo de la ONU, para mantener su independencia respecto a una estructura cuyo espíritu progresista no es necesario demostrar.