El cuestionamiento del "derecho al aborto" en Estados Unidos (3)

Este proyecto de sentencia examina la "ley de Mississippi" entre Thomas E. Dobbs, funcionario de salud en ese estado sureño, y una clínica de abortos, la Jackson Women’s Health Organization. Esta última lanzó un ataque contra la ley estatal -que data de 2018- que reduce el período para realizarse un aborto a 15 semanas de embarazo, en nombre de las sentencias Roe y Casey que ampliaron este período a 22 o 24 semanas.

El juez federal señaló que durante 185 años, cada estado estadounidense fue libre de legislar sobre la cuestión. En 1973, después de Roe vs. Wade, "aunque la Constitución no menciona el aborto, la Corte sostuvo que la Constitución confería un derecho ampliado a obtenerlo".

En el nuevo caso, el estado de Mississippi solicitó reconsiderar y anular Roe y Casey, y permitir que cada estado regule el aborto según lo elijan sus ciudadanos. Del otro lado, los demandados y el fiscal general pidieron reafirmar las mismas sentencias, pues afirman que no hay medias tintas: es necesario reafirmar o bien cancelar Roe y Casey.

Los Magistrados optan por la anulación

Los Magistrados de la Corte Suprema se decidieron por la anulación. Señalan que "la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está implícitamente protegido por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que actualmente se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda".

La razón subyacente es que esta disposición "ha sido considerada como una garantía de ciertos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero tal derecho debe estar 'profundamente arraigado en la historia y tradición de esta nación' e 'implícito en el concepto de libertad ordenada'".

Ahora bien, el derecho al aborto no entra en esta categoría. "Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era totalmente desconocido en la ley estadounidense. De hecho, cuando se aprobó la Decimocuarta Enmienda, tres cuartas partes de los estados tipificaban el aborto como delito en todas las etapas del embarazo".

Además, agregan que el derecho al aborto es "significativamente diferente de cualquier otro derecho que nuestra Corte ha considerado como parte de la protección de la 'libertad' por la Decimocuarta Enmienda". Esta es la razón por la que la doctrina sobre la que se apoya el control de Casey no obliga a adherirse indefinidamente al abuso de autoridad judicial de Roe.

Los Magistrados no dudan en afirmar que "Roe fue un error flagrante desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil, y la sentencia tuvo consecuencias nefastas". Lejos de aportar una regulación nacional del problema, Roe y Casey avivaron el debate y profundizaron la división.

Finalmente, concluyen que es hora de "tener en cuenta la Constitución y remitir el tema del aborto a los representantes electos del pueblo". Esto es lo que exigen la Constitución y el estado de derecho. Esto significa -si se publica la sentencia- que cada Estado será libre de legislar sobre la cuestión.

La reacción del presidente Biden

Tan pronto como tuvo conocimiento de este proyecto, el presidente emitió un comunicado el 3 de mayo.

Tras una acostumbrada precaución sobre la autenticidad del proyecto o su carácter definitivo, procedió a una advertencia aclarando "tres puntos relativos a los casos ante la Suprema Corte".

Primero, recordó que "su administración argumentó enérgicamente ante la Corte en defensa de Roe vs Wade". Además, cree que "el derecho de la mujer a elegir es fundamental, que Roe ha sido la ley del país desde hace casi cincuenta años, y que la equidad y estabilidad básicas de nuestra ley exigen que no sea anulada".

Cabe señalar que la Corte respondió expresamente a esta objeción de la estabilidad de la ley al final de su sentencia, advirtiendo que las sentencias anteriores en realidad excedieron el derecho constitucional, y que la duración de un error nunca puede justificarlo. 

Además, agregaron: "no podemos exceder el alcance de la autoridad que nos confiere la Constitución, y no podemos permitir que nuestras decisiones se vean afectadas por influencias externas, como la preocupación por la reacción del público a nuestro trabajo".

En segundo lugar, Joe Biden explica que ha pedido a su "Consejo de Política de Género" y a la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca que preparen opciones para una respuesta de su gobierno al ataque en curso contra el aborto y los derechos reproductivos en los casos pendientes ante la Corte Suprema. Y concluye este punto diciendo: "Estaremos listos cuando se tome una decisión".

Finalmente, el presidente señala que, si la Corte anula Roe, "corresponderá a los funcionarios electos de nuestra nación, en todos los niveles de gobierno, proteger el derecho de las mujeres a elegir. Y corresponderá a los votantes elegir representantes pro-decisión el próximo noviembre. A nivel federal, necesitaremos más senadores pro-decisión y una mayoría pro-decisión en la Cámara para aprobar una legislación que codifique Roe, y que yo me encargaré de que se apruebe y se convierta en ley".

En otras palabras, "voten por mí" para que podamos aprobar una legislación completamente permisiva que sumará decenas de millones de víctimas a los 60 millones de niños que ya han sido asesinados en Estados Unidos desde las primeras leyes que autorizaron el aborto en este país.

Y es el "católico" Biden quien dice tales cosas...